La Defensoría del Pueblo ha hecho pública una nueva alerta sobre la amenaza creciente que enfrenta Cúcuta: laboratorios exprés de cocaína escondidos en fachadas familiares.
Esta modalidad implica la instalación y desmantelamiento de centros de producción de clorhidrato de cocaína en menos de una hora dentro de viviendas y patios comunes, una práctica que ha evolucionado para evadir la vigilancia de las autoridades y facilitar el tráfico de drogas en la región.
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La problemática, documentada por fuentes policiales y judiciales locales, responde al recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, lo cual ha impulsado a los grupos armados ilegales a trasladar sus operaciones hacia zonas periféricas del área metropolitana de Cúcuta.
El coronel Juan Camilo Mazo, comandante del grupo Maza del Ejército Nacional, explicó que esta reacción obedece tanto a la presión militar en las zonas tradicionales del narcotráfico como al deseo de abaratar costos y reducir riesgos logísticos.
La Opinión citó al investigador Kenny Sanguino Cuéllar, quien enfatizó que “es más fácil tener el laboratorio en el área metropolitana de Cúcuta, especialmente en zonas fronterizas con Venezuela”.
La ubicación estratégica de los municipios de Juan Frío, Ragonvalia y Puerto Santander favorece tanto la entrada de insumos como la salida de los productos hacia Venezuela, en pasos informales que conectan con estados como Táchira, Ureña, San Antonio y La Fría.
De acuerdo con el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el menor costo de producción impacta directamente en el precio final del clorhidrato. Un kilo producido en el Catatumbo cuesta seis millones de pesos, mientras que en Cúcuta puede llegar a cinco millones y medio, lo que ha permitido la proliferación de este tipo de laboratorios.
Durante el año, las autoridades han destruido al menos doce laboratorios exprés, según datos recogidos por el medio citado.
El modelo de producción gira en torno a una “pirámide invertida”. En la cúspide se encuentran los grandes grupos del narcotráfico, como el ELN y las disidencias de las Farc, responsables de la fabricación a gran escala en el Catatumbo.
De ese punto, la cadena criminal continúa con estructuras de delincuencia organizada, como los AK-47 o el Tren de Aragua, cuya misión es transformar la pasta base de coca recibida en cocaína lista para exportar y distribuir en la región y más allá.
El coronel Mazo indicó que estos grupos funcionan bajo un esquema de subcontratación: “trabajan para la disidencia y el Eln, bajo el sistema de outsourcing, o subcontratación para el microtráfico”.
La tercera capa la conforman bandas delincuenciales locales, como Los Mexicanos, La Familia P y Los Turcos, quienes se encargan principalmente de la logística y la comercialización a pequeña escala para abastecer el consumo interno de la capital nortesantandereana.
Una de las particularidades de la modalidad radica en la rapidez y capacidad de camuflaje. Los laboratorios exprés pueden instalarse en espacios mínimos, utilizando lonas, una planta eléctrica y utensilios básicos en áreas de apenas tres metros cuadrados.
En cuestión de horas, logran fabricar entre dos y cinco kilos de cocaína, según explicó el coronel Mazo. Esta eficiencia permite que, ante cualquier indicio de presencia policial, los responsables puedan desmontar todo en veinte minutos y abandonar el lugar para evitar ser detectados.
Quienes montan los laboratorios suelen ser personas sin antecedentes, conocidas dentro de la comunidad, a quienes los criminales les ofrecen sumas de dinero a cambio de permitir la instalación temporal del laboratorio en sus propiedades.
La advertencia de las autoridades acerca de la presencia de “químicos” o técnicos reclutados por bandas para garantizar la producción y el manejo de los insumos bajo métodos artesanales e improvisados.
En respuesta a esta situación, las fuerzas del orden han anunciado “la llegada de un grupo especial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, a la ciudad, que va a atacar directamente a las cabezas de esta economía ilegal en Cúcuta”, según el coronel Ojeda.
La Defensoría puntualiza que el avance de estos laboratorios exprés no solo contribuye al fortalecimiento de los grupos ilegales, sino que eleva los riesgos de seguridad para los sectores residenciales.
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