El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una de las piezas centrales de la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro, empezó a perder respaldo en el Congreso.
La iniciativa enfrenta su mayor crisis luego de que un grupo de representantes radicara una ponencia que propone su archivo, argumentando que vulnera la Constitución y favorece a estructuras criminales.
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El documento, de 71 páginas, fue presentado este miércoles 22 de octubre por los congresistas Julio César Triana, Marelen Castillo, José Jaime Uscátegui y Juan Daniel Peñuela, entre otros. Los firmantes coinciden en que el texto del Gobierno presenta vicios de trámite y concede beneficios excesivos a los delincuentes.
Argumentos de los ponentes
“Consideramos que es un proyecto inconstitucional porque debió ser tramitado como una ley estatutaria y no como una ordinaria. Acá se habla de temas de justicia transicional como las penas alternativas y el tratamiento penal diferencial. Además, genera impunidad para los criminales que terminarían con penas irrisorias”, explicó Julio César Triana.
El representante enfatizó que la iniciativa, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aborda asuntos que afectan el sistema penal colombiano y deberían discutirse bajo un procedimiento especial. Triana sostuvo que, de aprobarse, el proyecto permitiría que personas responsables de graves delitos reciban sanciones mínimas, debilitando la confianza en la justicia.
Críticas desde la oposición
Por su parte, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, advirtió que el texto del Ejecutivo “afectará la seguridad del país y únicamente beneficia a los criminales”. Según el congresista, el articulado podría servir para legalizar recursos ilícitos y otorgar estatus político a organizaciones reincidentes.
“No puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirles haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano”, afirmó.
Otros legisladores han expresado preocupación por la falta de claridad sobre los mecanismos de control y verificación de compromisos por parte de los grupos que se acojan al proceso. Señalan que el proyecto no garantiza sanciones proporcionales ni asegura que las víctimas reciban una reparación adecuada.
Golpe político para el Gobierno
La ponencia de archivo representa un golpe significativo para el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien ha defendido la iniciativa como un paso fundamental hacia la desarticulación de las bandas criminales y la reducción de la violencia en el país. Sin embargo, la falta de consenso político impide que el proyecto avance a su primer debate.
Aunque la ley de sometimiento no ha sido agendada para discusión en plenaria, las divisiones en la Cámara de Representantes evidencian que el proyecto carece del apoyo suficiente para prosperar. Las bancadas de oposición y parte de la coalición oficialista consideran que la propuesta debe reformularse completamente antes de ser debatida.
Un proyecto bajo presión
El texto gubernamental ha recibido críticas desde su radicación por las amplias gabelas que otorgaría a los integrantes de grupos armados y redes de narcotráfico. Los detractores sostienen que las disposiciones actuales permitirían el perdón de delitos graves y la conservación de bienes obtenidos de manera ilícita.
A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia insiste en que la ley de sometimiento es necesaria para avanzar en los diálogos con estructuras criminales y lograr su desmantelamiento bajo parámetros de justicia restaurativa. Sin embargo, la ponencia de archivo evidencia que el camino legislativo del proyecto se complica y que su futuro dependerá de nuevas negociaciones políticas en el Congreso.
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