La Sociedad de Activos Especiales (SAE) denunció que uno de sus predios en Buriticá, Antioquia, estaba siendo utilizado como punto de transporte de oro obtenido de manera ilícita, en un hecho que evidencia la vulnerabilidad de los bienes bajo su administración frente a la minería ilegal y la violencia asociada a la disputa por el control de los yacimientos auríferos en la región.
El reciente incidente se registró durante un operativo de desalojo realizado por la SAE, acompañado de la Policía y la Fiscalía, en un terreno presuntamente vinculado con actividades delictivas relacionadas con la extracción y transporte ilegal de oro.
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“La SAE informa a la opinión pública que la entidad no realiza diligencias de allanamiento ni registro, ya que estas corresponden de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional”, afirma en el comunicado.
La presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, manifestó que: “desde la SAE continuaremos luchando para impedir que los grupos ilegales se sigan apropiando de los recursos naturales, usando la fuerza de las armas para el desplazamiento de los campesinos y víctimas de la violencia”.
Durante la diligencia, un agente de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil) resultó gravemente herido al recibir un disparo de fusil que le atravesó el rostro, saliendo por el ojo izquierdo.
El uniformado fue evacuado de inmediato y permanece estable en cuidados intensivos, mientras se realizan estudios para evaluar posibles daños internos antes de su traslado a Medellín.
Según fuentes oficiales, el atentado ocurrió mientras la comisión regresaba al casco urbano de Buriticá, cuando fueron emboscados desde la zona montañosa con ráfagas de fusil.
Este hecho se suma a la preocupante escalada de violencia que afecta a la región, impulsada por la competencia entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que buscan controlar las rentas derivadas de la minería ilegal.
La situación de orden público en Buriticá ha mostrado un deterioro sostenido en los últimos años. Uno de los focos de conflicto más persistentes ha sido la mina cuyo título pertenece a la empresa Zijin-Continental Gold, donde se han registrado múltiples ataques con explosivos y enfrentamientos entre mineros informales y personal de seguridad de la multinacional.
El 23 de julio pasado, un atentado en los socavones subterráneos dejó tres guardas de seguridad heridos, con lesiones de consideración en el rostro debido a esquirlas, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia para recibir atención médica.
Las autoridades señalaron que el Clan del Golfo estaría promoviendo la explotación ilegal y antitécnica de las minas, así como la ocupación irregular de la infraestructura de Zijin.
En este contexto, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, reiteró que la entidad solo acompañó a la Policía y a la Fiscalía en calidad de administradora del predio y aseguró que no permitirá que los bienes bajo su gestión sean utilizados para cometer delitos.
“Se conocía que desde este predio se estaban construyendo túneles para transportar el oro obtenido ilegalmente. Nuestra misión es evitar que estas propiedades se conviertan en escenarios de actividades delictivas”, afirmó Pérez.
El operativo de desalojo en Buriticá forma parte de una ofensiva más amplia contra la minería ilegal en Antioquia, que en las últimas semanas ha representado un duro golpe para las estructuras criminales.
Las autoridades han reportado el decomiso de bienes por valor de $9.000 millones, incluyendo propiedades lujosas, camionetas y motocicletas pertenecientes a una presunta red criminal dedicada a la extracción ilícita de oro. Además, se destruyó maquinaria valorada en más de $10.700 millones, lo que frenó la producción ilegal que generaba ingresos mensuales estimados en $18.350 millones.
Las operaciones se concentraron en dos puntos estratégicos: en Amalfi, donde se inutilizaron 14 excavadoras, 9 motores y una draga; y en la vereda Aguas Chiquitas, en Urrao, al suroeste de Antioquia, donde fueron destruidas 5 excavadoras y 3 motores industriales en el río Pabón.
Según las autoridades, estas actividades ilícitas llevaban aproximadamente un año en funcionamiento, con una extracción promedio de 900 gramos de oro mensuales por excavadora, equivalentes a ingresos superiores a $420 millones mensuales por unidad.
El Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5) lideró la ofensiva, utilizando aeronaves equipadas con sensores electro-ópticos para detectar y analizar las áreas afectadas por la minería ilegal, además de garantizar la seguridad en el traslado y despliegue de las tropas en tierra.
Estas acciones no solo buscan afectar directamente las finanzas del Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc, sino también contribuir a la protección ambiental y a la seguridad de las comunidades locales.
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