Durante el congreso anual de Confecámaras, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el ritmo actual de expansión económica de Colombia enfrenta riesgos significativos a largo plazo, particularmente por el impacto de decisiones fiscales y salariales.
En el panel “Colombia en una coyuntura estratégica” realizado por El Tiempo, Villar explicó que el crecimiento registrado en el segundo trimestre, de 2,1 %, y que podría cerrar el año cerca del 2,9 %, no garantiza estabilidad futura.
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Según el directivo, la clave para sostener este avance no reside en la reducción de la tasa de interés, sino en fortalecer la competitividad de la economía nacional.
“Hacia futuro tenemos una perspectiva con un déficit fiscal fuerte y una necesidad de ajustar la economía grande. Con este crecimiento de la demanda que estamos viendo, posiblemente no será sostenible”, afirmó Villar.
El gerente del Emisor destacó que, aunque las tasas de interés han disminuido recientemente, las de largo plazo han mostrado un incremento, lo que complica la sostenibilidad económica. Además, expresó dudas sobre la capacidad del gobierno de continuar endeudándose al ritmo actual.
“Sin un gasto público equilibrado se vuelve difícil ser sostenible. Además, hay dudas sobre la capacidad del gobierno de seguir endeudándose al ritmo que se necesita y eso hace que a futuro no se pueda sostener”, señaló.
Villar también se refirió a la política monetaria y explicó que el Banco de la República había iniciado una reducción acelerada de la tasa de interés tras alcanzar un pico de 13,4 %.
Sin embargo, este proceso se detuvo por tres factores principales, entre ellos el incremento “muy fuerte” del salario mínimo para 2025, que según el gerente ha dificultado la convergencia de la inflación hacia la meta del 3 %.
“Es bueno elevar los salarios, pero cuando se hace desconociendo las metas de inflación se puede afectar la reducción y se termina sacrificando el poder adquisitivo de los trabajadores por una vía diferente”, sostuvo Villar.
La preocupante situación de los colombianos, según informes
Mientras las advertencias del Banco de la República generan preocupación sobre la sostenibilidad macroeconómica, las cifras sobre insolvencias muestran un panorama complejo para hogares y empresas en Colombia.
Según los informes de las firmas Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, hasta agosto de 2025 más de 10.600 ciudadanos recurrieron a los mecanismos legales para declararse en quiebra, un aumento del 53 % respecto al total registrado en 2024.
La proyección apunta a que cerca de 16.000 personas naturales podrían acogerse a este proceso para finales de año.
Luis Benítez, director de ambas firmas, explicó que este fenómeno responde a múltiples factores, incluyendo la ausencia de empleo, trabajos con baja remuneración, sobreendeudamiento, informalidad, inflación y dificultades para consolidar emprendimientos.
“Hay un factor que vemos que ha crecido y se ha mantenido en el tiempo, asociado al trabajo, ya sea la ausencia de este, un empleo con baja remuneración o falta de promoción y ascenso, que limita los ingresos”, indicó Benítez.
El perfil de quienes han solicitado la declaración de quiebra muestra que la mayoría se encuentra entre los 38 y 50 años, un rango en el que se consolidan proyectos familiares y responsabilidades financieras.
Más del 58 % de las solicitudes corresponden a hombres, mientras que las mujeres representan el 33,7 %, aunque también han visto un aumento sostenido en los procesos de insolvencia.
En términos geográficos, Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Santander y Norte de Santander concentran la mayor cantidad de casos.
Sin embargo, el crecimiento más pronunciado se observa en Atlántico, con un aumento del 170,21 % respecto al año anterior, seguido de Antioquia (92,50 %), Norte de Santander (74,07 %), Valle del Cauca (52,56 %) y Bogotá (51,54 %).
La crisis también afecta a los negocios. Entre los 1,2 millones de comerciantes activos en Colombia, cerca de 80.000 enfrentan deudas significativas y alrededor de 4.000 podrían declararse en quiebra antes de que termine el año.
El informe de Insolvencia Colombia alerta sobre la fragilidad del tejido empresarial: el 78 % de las compañías formales afirma que no podría sostener más de dos meses de operación si sus ingresos se interrumpieran.
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