
El miércoles 3 de septiembre de 2025, el Senado de la República eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas. La decisión ha generado un amplio debate jurídico y político, pues, en menos de dos semanas, se han presentado varias demandas con el objetivo de anular su elección.
Camargo, ex defensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), se impuso en la votación frente a los otros dos ternados enviados por la Corte Suprema de Justicia: María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Según el registro oficial, Balanta obtuvo 41 votos en la jornada.
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La elección se llevó a cabo bajo las medidas de transparencia implementadas por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, que estableció protocolos para garantizar que el proceso se desarrollara de forma adecuada y dentro de los parámetros establecidos por la ley.
Presunto conflicto de interés

De acuerdo con el sistema de gestión judicial del Consejo de Estado (Samai), se encuentran registradas nueve demandas de nulidad contra el acto que formalizó la elección de Camargo como magistrado. Estas acciones se suman a las críticas públicas sobre la forma en que se eligen los altos cargos judiciales en Colombia.
Una de las demandas fue presentada por Erick Adrián Velasco Burbano, que argumentó que la nominación de Camargo se realizó en medio de un presunto conflicto de interés. Según el demandante, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que incluyeron a Camargo en la terna habrían tenido vínculos previos con la Defensoría del Pueblo, entidad que el hoy magistrado dirigió en el pasado.
En el documento, el demandante señaló: “Los hechos expuestos configuran una causal de nulidad electoral manifiesta, por cuanto demuestran el desconocimiento flagrante de normas de rango constitucional que debían ser observadas de manera imperativa en el proceso de postulación y elección del ciudadano Carlos Ernesto Camargo Assis como Magistrado de la Corte Constitucional”.
Estas demandas serán estudiadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de los procesos relacionados con actos electorales, con el fin de determinar si existieron irregularidades que puedan invalidar la designación.
Impedimento de uno de los magistrados

En medio de este panorama, el magistrado Omar Joaquín Barreto, integrante del Consejo de Estado, presentó una manifestación de impedimento para no participar en el análisis de las demandas relacionadas con la elección de Camargo.
En su comunicación oficial, Barreto explicó que mantiene una relación personal estrecha con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. “En este caso se configura la referida causal en atención a que, desde hace más de 20 años me une una amistad íntima y entrañable con el doctor Carlos Ernesto Camargo Assis, tiempo durante el cual hemos compartido espacios familiares, personales y profesionales, así como de apoyo, solidaridad y confianza”, señaló en el documento.
El magistrado solicitó a la Sección Quinta que acepte su impedimento, con el propósito de preservar la imparcialidad y autonomía del Consejo de Estado en este proceso judicial. Esta decisión busca garantizar que las acciones de nulidad sean tramitadas sin influencias externas y bajo los principios de transparencia y objetividad.

La controversia por la elección de Camargo ha reavivado la discusión sobre la manera en que se seleccionan los magistrados de las altas cortes en Colombia. Diversos sectores han cuestionado la participación política en estos procesos y la necesidad de establecer reformas que fortalezcan la independencia judicial.
Mientras avanzan las investigaciones, el Consejo de Estado deberá definir si las demandas cuentan con fundamentos suficientes para proceder con la nulidad de la elección.
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