En la noche del lunes 1 de septiembre, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó sobre la derogación de la tasa de seguridad que se iba a cobrar a los estratos altos y sectores productivos del departamento.
La decisión, según argumentó el mandatario regional, se tomó en un contexto nacional marcado por la radicación de la reforma tributaria de que busca reunir $26 billones.
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Díaz argumentó que la coyuntura fiscal exige prudencia, responsabilidad y empatía hacia quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo regional.
“En Santander, entendemos que este contexto económico exige prudencia y responsabilidad, y sobre todo empatía con quienes todos los días generan empleo producen y contribuyen al desarrollo de nuestro departamento, nuestro compromiso es cuidar la economía de nuestras empresas comerciantes y familias, la seguridad y la infraestructura seguirán siendo nuestras prioridades, pero en este momento entendemos la necesidad de aliviar las cargas tributarias de los santandereanos”, detalló el mandatario local.
El decreto derogado contemplaba la implementación de una tasa destinada a financiar proyectos como la modernización de los sistemas de vigilancia y la creación del Centro de Gestión de Riesgo y Seguridad (Ceges).
Esta tasa, aprobada por la Asamblea Departamental en abril de 2025, buscaba recaudar fondos mediante un cobro incluido en la factura de energía eléctrica.
El gravamen afectaría a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como a propiedades comerciales, industriales y oficiales, quienes debían aportar aproximadamente el 0,1331% de la Unidad de Valor Tributario (UVT) por cada kilovatio consumido mensualmente.
Aunque la entrada en vigor estaba prevista para septiembre, la medida permanecía suspendida tras la admisión de una demanda de nulidad por parte del Tribunal Administrativo en junio de 2025.
El trasfondo legal y político de la tasa incluye la demanda de nulidad presentada por el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y los concejales de Bucaramanga Carlos Parra y Camilo Machado, que denunciaron irregularidades en el trámite de aprobación de la ordenanza.
El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y suspendió la aplicación de la tasa, lo que impidió su entrada en vigor en la fecha prevista. La iniciativa, inspirada en una medida similar implementada en Antioquia, había sido impulsada por la administración departamental con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.
Alternativas de financiamiento y participación ciudadana
Tras la derogación, la administración departamental enfatizó que mantiene su compromiso con los proyectos de seguridad e infraestructura y explora alternativas de financiamiento.
Entre las opciones planteadas se encuentran los aportes voluntarios de empresarios, comerciantes y ciudadanos, canalizados a través del Fondocuenta.
Díaz destacó la disposición de estos sectores para respaldar las iniciativas de seguridad y resaltó que los recursos recaudados se invertirán de manera exclusiva y transparente en infraestructura y tecnología.
La administración busca articular esfuerzos con el sector privado, promoviendo mecanismos jurídicos que permitan la participación voluntaria de la comunidad.
Reacciones sobre la derogación de la tasa de seguridad
La derogación de la tasa de seguridad generó reacciones inmediatas entre los actores políticos y sociales del departamento. El representante Avendaño expresó su escepticismo respecto a los argumentos oficiales.
“Yo no creo que esa sea la razón real. La reforma apenas empieza trámite en el Congreso, no tiene ambiente político y aún le esperan varios debates. Lo que ocurrió es que el gobernador se arrepintió porque se dio cuenta de las inconveniencias económicas, los vicios de procedimiento y los errores en la aprobación de esa ordenanza”, indicó Avendaño en un video difundido en sus redes sociales.
Desde el sector empresarial, la decisión fue recibida con alivio. Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, calificó la medida como sensata y resaltó la elevada carga tributaria que enfrentan tanto empresarios como ciudadanos. “En este momento la carga tributaria es muy alta para los empresarios y para la ciudadanía en general, sobre todo en un escenario donde no hay crecimiento económico, no hay inversión y los indicadores de crecimiento son muy bajos”, señaló Remolina.
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