El Gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso de la República un nuevo proyecto reforma tributaria que propone modificar el panorama fiscal en Colombia. Entre los cambios principales, la iniciativa busca gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) los servicios de parqueadero, una medida que impactará tanto a los usuarios como a los administradores de estos espacios.
El proyecto de ley, radicado el 1 de septiembre, amplía el alcance del IVA a sectores que hasta ahora contaban con tratamientos preferenciales o estaban exentos.
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Por supuesto, pese al argumento del Gobierno de que necesita financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, hay críticos al respecto. Por ejemplo, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes anotó que es “una reforma tributaria casi imposible de aprobar”. Además, que esta no debe distraer del problema central: “Sin desmantelar la estructura criminal que opera en las comisiones económicas del Congreso y Ministerio de Hacienda, la evasión y el contrabando los seguirán pagando los contribuyentes cumplidos”.
Por su parte, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, señaló que la ley de financiamiento es una reforma tributaria disfrazada, por lo que le auguró mal ambiente a su trámite en el Congreso de la República.
“No permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos. El IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables. Pareciera que el Gobierno busca frenar el crecimiento empresarial y debilitar el patrimonio ciudadano”, criticó.
Lamentó que algunos voceros de izquierda sugieren que mantener a las personas en la pobreza asegura votos para su proyecto político. Para él, “esta miopía tributaria refleja un sesgo ideológico claro”.
De acuerdo con el texto oficial, la reforma incluye en la base gravable del impuesto a los servicios de parqueadero, las cuotas de administración en edificios de oficinas y los juegos de suerte y azar, tanto presenciales como en línea. El Ministerio de Hacienda detalló que el impuesto aplicará sobre la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento, así como sobre la explotación de áreas comunes en propiedades horizontales no residenciales.
En quiénes recaería la responsabilidad
La responsabilidad de declarar y pagar el IVA recaerá en las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal de uso no residencial y en quienes presten directamente el servicio de parqueadero.
Dicha disposición busca cerrar vacíos fiscales y ampliar la base de contribuyentes, según explicó la cartera. Así, los administradores de parqueaderos en centros comerciales, edificios de oficinas y otras propiedades no residenciales deberán asumir el nuevo gravamen, lo que podría traducirse en un aumento de tarifas para los usuarios finales.
Quiénes quedarán exentos del pago
No obstante, la reforma introduce una distinción relevante: los parqueaderos ubicados en propiedades horizontales de uso residencial quedarán excluidos de la medida.
La exclusión responde a debates recientes y a clarificaciones previas de Dian, que establecieron la necesidad de proteger a los residentes de conjuntos habitacionales de un incremento en sus costos de vida. De esta manera, la nueva normativa solo afectará a los espacios de estacionamiento en contextos comerciales, empresariales o institucionales.
El objetivo central de la reforma, según el Gobierno, es alcanzar un recaudo cercano a los $26 billones, cifra que convertiría a esta iniciativa en una de las más significativas de los últimos años. Asimismo, el Ejecutivo sostiene que la ampliación del IVA a nuevos sectores permitirá fortalecer las finanzas públicas y financiar programas sociales. Sin embargo, la propuesta llega en un momento político complejo y enfrenta escepticismo sobre su viabilidad en el Congreso.
Inquietud en usuarios y administradores
La posible entrada en vigor del IVA para los servicios de parqueadero generó inquietud entre usuarios y administradores. Para los primeros, la medida podría traducirse en un aumento inmediato de los precios, mientras que los segundos deberán ajustar sus sistemas de facturación y cumplimiento tributario.
El debate sobre el impacto real de la reforma continúa abierto, en tanto el Congreso analiza el articulado y las implicaciones para distintos sectores de la economía.
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