La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en la noche de este martes 26 de agosto el Acta 257, correspondiente al 28 de junio de 2025, que documenta la subsanación de los vicios señalados por la Corte Constitucional en el trámite de la reforma pensional. Sin embargo, el futuro del proyecto aún no ha pasado al análisis del alto tribunal, ya que sigue pendiente la aprobación de otra acta, considerada crítica para superar los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
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Con 107 votos a favor, la plenaria dio su visto bueno al documento que resume lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias convocadas en junio.
El avance requirió la presencia y gestión directa del ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Solo así logró el Gobierno romper con la secuencia de sesiones sin quórum que había frenado la aprobación.
No obstante, el trámite legislativo sigue abierto, pues la aprobación de la Acta 256, del 27 de junio de 2025, continúa trabada por la controversia en torno a un posible vicio, ya que la oposición asegura que esa sesión no contó con quórum decisorio ni cumplió la votación plena del orden del día. Sin este documento, el paquete completo de actas requerido por la Corte Constitucional no puede ser remitido para la revisión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, explicó a El Tiempo que la demora en la definición del caso no depende del tribunal: “La semana pasada se nos informó que aún no se habían aprobado algunas actas de las sesiones en las que se discutió dicho trámite. Si ha habido una demora por parte de la Corte en la toma de una decisión de fondo, esta no obedece a la actuación del magistrado sustanciador”, agregó, subrayando que la competencia para pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad recae sobre la Sala Plena.
El proceso legislativo de la reforma pensional, una de las apuestas principales del presidente Gustavo Petro, fue devuelto al Congreso por la Corte Constitucional tras evidenciar vicios en su trámite. El pleno del Congreso fue citado a sesiones extraordinarias en junio para subsanar los procedimientos, pero la divisoria política impidió la aprobación de los documentos requeridos hasta ahora.
La plenaria del 26 de agosto abrió paso a la remisión de las actas al alto tribunal constitucional, que debe determinar si los errores de procedimiento fueron correctamente corregidos. El futuro de la ley dependerá del concepto del tribunal, que podrá habilitar o anular la reforma pensional en función del estricto cumplimiento de los protocolos legislativos.
De acuerdo con el abogado Enan Arrieta, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, el análisis de fondo de la Corte introduce un nuevo periodo de incertidumbre jurídica: “La Corte puede considerar que el trámite no se subsanó y tumbar toda la ley, aunque es un escenario improbable, porque la Cámara tuvo tiempo suficiente para corregir”, declaró según recogió El Tiempo.
La disputa sobre las actas ha generado enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en torno a la legalidad de las exigencias de la Corte. Petro acusa al tribunal de frenar la reforma pensional, mientras Ibáñez sostiene que solo cumple la legislación pidiendo los registros oficiales.
La división política fue notoria durante varias de las sesiones recientes, cuando la oposición interrumpió el quórum para bloquear la aprobación. El Gobierno, con presencia directa de sus ministros, buscó acuerdos y apeló a la importancia institucional del proceso para alcanzar la mayoría necesaria.
Para alcanzar el avance en la Cámara de Representantes, la bancada oficialista contó con la asistencia permanente de altos funcionarios, que dialogaron de forma reiterada con los representantes para intentar asegurar el éxito de la votación.
En este momento, el futuro inmediato de la reforma pensional sigue sin definirse, ya que la decisión final depende de la aprobación completa de las actas requeridas por la Corte Constitucional y su posterior revisión por parte del tribunal. Hasta que eso ocurra, el proceso permanece abierto y sujeto a nuevas maniobras políticas en el Congreso.
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