Las intercepciones telefónicas practicadas durante más de dos meses sobre comunicadores y servidores públicos de Antioquia han destapado una oleada de cuestionamientos institucionales.
Estas escuchas incluyen al gobernador Andrés Julián Rendón, cuya línea habría sido intervenida por la Fiscalía General de la Nación entre el 14 de mayo y el 23 de julio de 2024, junto con otros nueve teléfonos vinculados a funcionarios actuales, antiguos colaboradores de la alcaldía de Rionegro y excontratistas, reveladas por el diario regional El Colombiano.
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El caso alude a investigaciones sobre la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro durante la administración local que encabezó Rendón.
La polémica inició cuando, el miércoles 23 de julio, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, presentó formalmente la solicitud de legalización de estas intercepciones ante un juez. Esto ocurrió tras el reimpulso del caso con la llegada de Luz Adriana Camargo a la jefatura de la Fiscalía, después de meses de relativa inactividad.
El eje del procedimiento judicial conocido por el medio mencionado se centra en la investigación por la construcción de dos CAI en Rionegro, por contratos que ascendieron a unos 1.270 millones de pesos.
El caso, originalmente denunciado por una veeduría ciudadana y, según voces políticas, presuntamente impulsado por el adversario Luis Pérez, había quedado relegado hasta reactivarse con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General.
En palabras de la fiscal, recogidas el 24 de junio del 2025: “En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General. Es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación... Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”.
Las declaraciones de Camargo generaron controversia por referirse a Rendón como “imputado”, cuando el proceso se halla en etapa de indagación, lo que motivó una recusación formal por parte del gobernador.
Según detalló el gobernador de Antioquia a El Tiempo, “Camargo está siguiendo una instrucción de judicializar con muchísima celeridad mi situación en un proceso claramente donde no se ha perdido un peso”, argumentando además que dicha persecución política estaría motivada por su oposición al gobierno nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, la urgencia de acceder a las comunicaciones de Rendón y los otros implicados radica en determinar si hacían referencia al caso de los CAI de Rionegro aunque los hechos a investigar se remontan al periodo del gobernador como alcalde entre 2016 y 2019. En la audiencia del 23 de julio quedó claro que las interceptaciones obedecieron a tres órdenes judiciales, la última de las cuales se emitió el 27 de mayo del 2025.
El gobernador expuso que las medidas en su contra han carecido de claridad jurídica. Explicó que durante la campaña electoral para la Gobernación fue notificado de procesos “fiscales y penales andando por cuenta de esas dos situaciones” y que en septiembre de 2023 recibió citación a audiencia de imputación, con una supuesta medida de aseguramiento.
En esa línea, Rendón indicó: “Y entonces, cuando preguntamos formalmente qué tenía que ver yo con ese delito, dicen: ‘Nos equivocamos, es solo una audiencia de imputación, pero no de medida de aseguramiento’”. El mandatario cuestionó: “Si yo ya iba a ser imputado en septiembre del 2023, ¿cuáles eran las pruebas que tenían para llevarme a imputación?”.
¿Qué dijo el Centro Democrático?
La posición oficial del Centro Democrático sostiene que existe una persecución de Estado contra el gobernador y congresistas de esa colectividad. “El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”.
Entre líneas seguidas, la bancada afirmó en el comunicado que “Rendón reviste una gravedad extrema: demuestra que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición. Resulta arbitrario que se ordenara interceptario durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como ‘imputado” y hasta “condenado”, sin serlo".
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