Petro oficializó la designación de Ingris Mirelda Padilla como gobernadora encargada del departamento del Magdalena

El 30 de julio de 2025, Rafael Martínez se despidió de la Gobernación del Magdalena, tras la notificación oficial de la ejecutoria del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección.

Su salida se produjo luego de que el alto tribunal dejara en firme la invalidación de su elección por incurrir en doble militancia en la modalidad de apoyo. Ese mismo día, el Gobierno departamental firmó el decreto que declaró la falta absoluta en el cargo y designó a Ingris Padilla, secretaria del Interior Departamental, como gobernadora encargada.

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Según el propio Martínez, la medida no responde a errores de fondo en su gestión, sino a motivaciones políticas. En sus palabras, “la anulidad proferida por el Consejo de Estado quedó ejecutoriada ayer 30 de julio a las 5 de la tarde. A partir del día de hoy (jueves 31 de julio) asumió las funciones de gobernadora encargada la secretaria del Interior, la doctora Ingris Padilla”.

Luego de la suspensión, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto en el que designó a Padilla como gobernadora encargada del departamento de Magdalena, hasta que se lleven a cabo las nuevas elecciones para elegir el mandatario regional.

“Designación de Gobernadora encargada de Magdalena. Designar como gobernadora encargada del departamento de Magdalena, a la señora Ingris Mirelda Padilla Garcia, identificada con cédula de ciudadanía número 36.722.353”, se lee en el documento.

El panorama político del departamento del Magdalena

El departamento del Magdalena se prepara para unas elecciones atípicas que, según la normativa, deberán celebrarse en los próximos 90 días, probablemente a finales de octubre de 2025, luego de que el Consejo de Estado ejecutoriara el fallo que apartó a Rafael Martínez del cargo.

Cabe recordar que la salida de Martínez no solo marca el fin de un ciclo político, sino que desencadenó una serie de maniobras estratégicas orientadas a preservar la influencia de Fuerza Ciudadana, el movimiento que lidera Carlos Caicedo y que ha dominado la política regional en los últimos años.

Durante los casi tres meses que transcurrieron entre la decisión judicial y la ejecución de la destitución, Martínez desplegó una intensa agenda pública. Lejos de adoptar un perfil bajo, el exgobernador recorrió el departamento, entregó obras de infraestructura, inauguró una universidad pública en El Banco y promovió iniciativas sociales, consolidando su imagen y la de su movimiento.

En este contexto, el abogado y analista político Eduardo Lara dijo en entrevista con El Tiempo que este comportamiento es una táctica deliberada: “Martínez sabía que su salida era inminente, por eso aprovechó cada día para conectar con la gente, mostrar gestión y fortalecer la narrativa de que Fuerza Ciudadana aún tiene el respaldo popular. Es una forma de dejar sembrado el terreno para las elecciones atípicas”. Esta estrategia buscó no solo mantener la cohesión interna del movimiento, sino también condicionar el escenario electoral que se avecina.

A su vez, dijo que el panorama se complica para Fuerza Ciudadana debido a la pérdida de su personería jurídica, lo que le impide inscribir candidatos propios en la próxima contienda. Esta restricción obliga al movimiento a buscar el aval de partidos con vida legal para postular aspirantes, lo que podría modificar la identidad visual y simbólica de las campañas. El color naranja, emblema del caicedismo, desaparecerá de la escena oficial, aunque sus líderes podrían seguir influyendo desde posiciones menos visibles.

A pesar de este revés, el politólogo José Medina considera que “Fuerza Ciudadana tiene todavía la maquinaria, la visibilidad y la estructura en el territorio. Si logran una alianza con partidos afines, pueden presentar un candidato competitivo que represente sus intereses”. La capacidad de movilización y la presencia territorial del movimiento siguen siendo factores determinantes en la disputa por la Gobernación.

En medio de este reacomodo, surge la figura de Rafael Noya, diputado y exintegrante de Fuerza Ciudadana, que se ha distanciado del movimiento para alinearse con partidos progresistas cercanos al presidente Gustavo Petro. Hasta ahora, Noya es el único que ha manifestado públicamente su intención de competir por la Gobernación, lo que plantea la incógnita sobre un eventual respaldo presidencial. La decisión sobre su candidatura se perfila como un elemento clave en la definición del nuevo mapa político del Magdalena.