Formularon cargos en contra de una exjuez de la Justicia Penal Militar: esta fue la razón

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra la exjuez primera de brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla, Heidy Johaana Zuleta Gómez, una decisión que marca un precedente en la vigilancia sobre el comportamiento de los funcionarios judiciales en el país. Este proceso disciplinario, que se encuentra en una etapa clave, pone en el centro del debate la responsabilidad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y la obligación de garantizar ambientes laborales respetuosos y libres de hostigamiento.

La noticia, difundida por el ente de control, detalla que la investigación se originó tras recibir denuncias sobre conductas que podrían constituir acoso laboral por parte del exjuez. Según la entidad, los hechos investigados habrían afectado la dignidad y el bienestar de los empleados bajo su supervisión, lo que motivó la apertura formal del proceso disciplinario.

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A su vez, detalló que los hechos por los que se investiga a la funcionaria judicial implican el presunto maltrato a otra juez de la misma jurisdicción militar a la que pertenece Zuleta Gómez, por lo que explicó que la conducta de la extogada contribuyó a vulnerar la integridad y el ambiente laboral de la víctima por medio de expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra “la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria”.

De acuerdo con la entidad, estos hechos se habrían registrado en privado, entre las dos funcionarias, frente a otros compañeros del despacho judicial e incluso, en presencia de civiles que acudían al lugar para adelantar diligencias judiciales, por lo que el impacto negativo de la conducta de la exjuez fue más evidente para los personajes ajenos a las implicadas.

Por otro lado, el Ministerio Público subrayó que la formulación de cargos no implica una sanción automática, sino que abre la puerta a un juicio en el que el exfuncionario podrá ejercer su derecho a la defensa y aportar pruebas en su favor.

Adicionalmente, enfatizó que, al actuar de esta manera, Zuleta Gómez habría ignorado los lineamientos establecidos en el Código Disciplinario respecto a los llamados de atención y el trato entre funcionarios, por lo que los hechos quebrantaron los valores fundamentales que deben guiar a los servidores públicos.

En el contexto de la Justicia Penal Militar, la actuación de los jueces reviste especial importancia, ya que su conducta impacta tanto en la administración de justicia como en la confianza de la ciudadanía en las instituciones, por lo que el ente de control enfatizó que el respeto a los derechos laborales y la prevención del acoso son principios fundamentales que deben regir el comportamiento de todos los servidores públicos, incluidos quienes integran la jurisdicción penal militar.

El proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría General de la Nación contempla la recolección de testimonios, documentos y demás elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del exjuez. La entidad ha reiterado su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores del sector público, señalando que este tipo de investigaciones buscan prevenir la repetición de conductas que puedan vulnerar la integridad de los empleados estatales.

La formulación de cargos contra el exjuez de la Justicia Penal Militar constituye una política de la Procuraduría orientada a fortalecer los mecanismos de control y sanción frente a prácticas de acoso laboral en el ámbito público.

Finalmente, la entidad ha recordado que el acoso laboral constituye una falta disciplinaria grave y que su erradicación es una prioridad para garantizar entornos de trabajo seguros y respetuosos en todas las dependencias del Estado, por o que calificó lo hechos por los que se investiga a Zuleta Gómez como una “alta gravísima cometida a título de dolo” en contra de la víctima.