En los últimos meses, el repunte de las lluvias trajo un respiro al sistema eléctrico colombiano, los embalses alcanzan hoy un 81,8% de su capacidad útil, por encima del promedio histórico del 70%. Sin embargo, esa aparente holgura esconde un problema más profundo y persistente. No todas las cuencas se recuperaron por igual y, detrás de las cifras optimistas, la infraestructura eléctrica del país sigue acumulando retrasos que amenazan su capacidad de respuesta ante cualquier choque.
Un informe del exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y actual gerente de Asproen, Jorge Valencia, revelado por Valora Analitik, advirtió que Colombia atraviesa una coyuntura crítica tras más de una década de deterioro en su seguridad energética. Según el documento que será presentado en el Energy Máster Summit 2025, las obras estratégicas llevan años postergadas, las señales para atraer inversión son ambiguas y las decisiones recientes no siempre van en la dirección de reforzar el sistema.
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“Las obras estratégicas llevan años sin ejecutarse, las señales para atraer inversión son ambiguas y algunas decisiones recientes podrían acelerar el desabastecimiento. La consecuencia: un sistema eléctrico con márgenes cada vez más estrechos, incapaz de absorber choques sin afectar a usuarios y empresas”, sostuvo Valencia.
Colombia genera entre el 80% y el 83% de su electricidad a partir de fuentes hídricas. Es una fortaleza en términos de sostenibilidad, también una vulnerabilidad cuando fenómenos climáticos reducen drásticamente los niveles de los embalses. El 89% de la matriz es renovable, pero la falta de diversificación y almacenamiento convierte cualquier sequía prolongada en una amenaza inmediata.
A esto se suma que el 55% de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional y Regional (STN y STR) están atrasados, de acuerdo con datos de XM, el operador del sistema. Solo el 28% de la nueva capacidad de generación avanza sin obstáculos, mientras que el resto enfrenta cuellos de botella por trámites ambientales y conflictos sociales. “Cada retraso en generación o transmisión es una puerta abierta al riesgo de racionamiento”, advierte el informe.
Más allá del impacto social, un corte prolongado tendría consecuencias económicas graves. Estimaciones del sector calculan que una hora sin electricidad podría costar hasta $200.000 millones, dependiendo de su alcance. Varias jornadas de racionamiento implicarían pérdidas multimillonarias para la industria, el comercio y los hogares, afectando el PIB y frenando la reducción de la inflación.
El Gobierno ha invertido en energías renovables no convencionales, en 2024 se destinaron más de $9 billones y en 2025 se proyecta añadir entre 640 MW y 1 GW. No obstante, hasta mediados de este año apenas se habían ejecutado 59 MW, casi todos solares, con generación intermitente y sin respaldo nocturno.
El gas natural, pieza clave como soporte térmico, también enfrenta un panorama adverso. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la producción caerá 5,6% este año, de 959 a 905 millones de pies cúbicos diarios, obligando a importar más a precios altos y encareciendo las tarifas.
Valencia señaló que la incertidumbre regulatoria puede ahuyentar inversiones en sectores estratégicos como el minero-energético y las renovables. Sin una hoja de ruta estable y de largo plazo, el capital buscará destinos con reglas más claras.
El documento propone seis acciones urgentes, destrabar proyectos de generación y transmisión, establecer una política energética de Estado, diversificar la matriz, asegurar el suministro de gas, fortalecer la institucionalidad y promover el uso eficiente de energía.
Algunos avances, como la compra de Ecopetrol del parque eólico Windpeshi en La Guajira por USD50 millones o el portafolio de inversión climática del Gobierno por USD40.000 millones, aún dependen de cierres financieros y no tendrán efectos inmediatos.
El informe alertó sobre indicadores clave a vigilar en los próximos meses, embalses por debajo del 60%, demoras en proyectos estratégicos, alzas abruptas en los precios de la energía y caídas sostenidas en la producción de gas sin alternativas listas.
Para Valencia, el reloj ya está corriendo: “El reloj corre y cada mes sin avances concretos aumenta la probabilidad de un apagón que el país no puede permitirse”. Si las advertencias se confirman, Colombia podría revivir escenas del apagón de los años 90, esta vez en un contexto de mayor dependencia tecnológica y con un impacto económico potencialmente más alto.
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