La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la expedición de la Resolución 9021 de 2025, que prohíbe el tránsito aduanero internacional de cigarrillos clasificados en la partida arancelaria 24.02 del Arancel de Aduanas, sin importar su país de origen.
La medida, según la entidad, busca frenar el contrabando de estos productos, reforzar el control en las fronteras y proteger la industria formal. Solo los cigarrillos cuyo destino final sea Colombia podrán ingresar y nacionalizarse legalmente; los que transiten por el país hacia terceros mercados ya no contarán con autorización aduanera.
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El fundamento legal de la decisión se apoya en el parágrafo del artículo 437 del Decreto 1165 de 2019, que otorga a la autoridad aduanera la facultad de restringir el tránsito aduanero con base en criterios de gestión de riesgo y control. Además, el artículo 458 de la Resolución 46 de 2019 reglamenta estas restricciones, mientras que la Decisión 617 de 2005 de la Comunidad Andina permite a los países miembros aplicar sus propias disposiciones nacionales en lo no previsto por la normativa comunitaria.
El detonante de la restricción fue el crecimiento sostenido del contrabando de cigarrillos detectado por la Dian en su estudio de distorsión de importaciones entre 2021 y 2023. El contrabando abierto de productos de la partida 24.02, que incluye “cigarrillos (puros), incluso despuntados; cigarrillos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o sucedáneos del tabaco”, registró un crecimiento promedio anual del 8,5%, alcanzando 52,51 millones de dólares FOB en 2023.
Paralelamente, el contrabando técnico por subfacturación aumentó de 4,57 a 4,75 millones de dólares FOB en el mismo periodo. Como resultado de estas prácticas ilícitas, el Estado colombiano dejó de percibir 94.874 millones de pesos en 2023, principalmente por aranceles e IVA, según el informe de la entidad.
En ese escenario, la Dian precedió actuar según los lineamientos institucionales. Entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2025, la entidad formuló 133 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a la cadena del contrabando de cigarrillos y tabaco, por una cuantía aproximada de 71.234 millones de pesos.
El director general (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás, subrayó la magnitud del problema: “Entre 2021 y el primer semestre de 2025 hemos instaurado 133 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a la cadena del contrabando de cigarrillos y tabaco por un valor que supera los 71.200 millones de pesos; el golpe que el contrabando le genera a la economía y al desarrollo de Colombia es gigante, por eso nuestra lucha contra ese delito es frontal y sin tregua”.
El análisis de las denuncias evidenció una tendencia al alza. En 2021 se presentaron 37 noticias criminales por 20.048 millones de pesos; en 2023, 42 denuncias por 21.443 millones de pesos. Durante 2024, la dirección formuló 22 denuncias por 8.797 millones de pesos, mientras que solo en el primer semestre de 2025 ya se han presentado 13 noticias criminales por 8.457 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 50% respecto al año anterior.
La Dian también identificó pérdidas de cajetillas y discrepancias entre las cifras reportadas y las consignadas en los documentos aduaneros que respaldan las operaciones de tránsito internacional. Bajo el marco operativo de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, creada por la Ley 1762 de 2015, se instalaron mesas de alto nivel entre el sector público y privado, con una dedicada específicamente a la prevención y combate del contrabando de cigarrillos.
En este espacio se detectó el uso del tránsito aduanero internacional como mecanismo para el comercio ilícito, lo que motivó la restricción tanto para operaciones internacionales como comunitarias, incluidas aquellas que inician y terminan en Colombia.
Cabe señalar que la Resolución 9021 de 2025 no solo impone restricciones, también introduce medidas de facilitación para la importación urgente de bienes, materiales, insumos, partes y repuestos necesarios para la prestación de servicios de transporte aéreo y marítimo, así como para el servicio público de energía eléctrica. Las disposiciones buscan garantizar la continuidad de la operación logística y la capacidad de respuesta ante emergencias, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad de sectores críticos.
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