Carlos Amaya habla del paro minero en Boyacá y revela avances clave en nueva jornada de negociaciones

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, compartió un reporte sobre el estado actual de las negociaciones con los promotores del paro minero en el departamento.

Según el mandatario departamental, la más reciente jornada de conversaciones dejó señales de avance, tras días de bloqueos viales y dificultades logísticas en varias zonas de la región cundiboyacense.

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El escenario del encuentro fue el Puente de Boyacá, donde representantes de comunidades campesinas de alta ladera se reunieron con delegados del Gobierno nacional y con funcionarios de entidades competentes, en un esfuerzo conjunto por buscar acuerdos que permitan superar la crisis generada por las movilizaciones.

“Volvemos a la mesa de negociaciones en el Puente de Boyacá, junto a los campesinos de alta ladera, altos funcionarios del Gobierno nacional y con presencia de entidades que tienen poder de decisión”, indicó Amaya a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La reapertura de este espacio de diálogo se produjo en medio de alertas por desabastecimiento de combustibles en municipios claves del departamento, donde las estaciones de servicio advirtieron que las reservas alcanzaban apenas para dos días. Las autoridades departamentales han seguido de cerca la evolución del paro y mantienen comunicación permanente con las partes involucradas.

Desde el inicio de las protestas, los voceros del sector minero han pedido soluciones que garanticen condiciones para continuar su trabajo, dentro del marco legal y sin impactos negativos sobre el ambiente. Por su parte, las autoridades del orden nacional han reiterado la disposición para dialogar, bajo el cumplimiento de las normas vigentes.

En este contexto, Amaya celebró que los acercamientos hayan retomado ritmo: “Celebramos que se está avanzando. Confiamos en que, con paciencia y voluntad, podamos llegar a un acuerdo que responda a las necesidades del territorio lo antes posible”, señaló.

El gobernador reafirmó el papel que cumple su despacho en el proceso, en calidad de facilitador entre las partes. Subrayó que la administración departamental ha ofrecido su experiencia y disposición para facilitar consensos en momentos críticos.

“Desde nuestra experiencia, seguimos cumpliendo nuestro rol como facilitadores del diálogo, para ir concretando acuerdos y desacuerdos en este importante espacio”, escribió en X, donde también compartió imágenes del encuentro.

Los manifestantes han mantenido su posición frente a la necesidad de una interlocución efectiva que permita resolver sus inquietudes. Entre sus principales exigencias está la definición de reglas claras para la actividad minera a pequeña escala, así como garantías de acceso a programas de legalización y acompañamiento técnico por parte del Estado.

En respuesta, las autoridades nacionales han manifestado que algunas de las solicitudes ya se encuentran en estudio y que se están valorando medidas que permitan responder a las inquietudes de manera técnica y ajustada al marco normativo.

La movilización, que inició como un reclamo por decisiones administrativas relacionadas con el control de la minería informal, se ha extendido durante varios días, provocando afectaciones en distintos sectores de la economía regional, como el transporte, el comercio y el suministro de bienes básicos.

El Gobierno departamental, además de mediar en las conversaciones, ha mantenido canales de comunicación con alcaldías municipales, organismos de socorro y empresas proveedoras, con el objetivo de mitigar el impacto de las restricciones derivadas del paro.

Aunque no se han oficializado acuerdos finales, el balance entregado por Amaya fue interpretado como una señal de que el proceso de diálogo continúa abierto y con posibilidades de avanzar hacia un desenlace negociado.

El desarrollo de esta mesa ocurre en medio de una coyuntura compleja para las comunidades rurales de Boyacá, donde muchas familias dependen directamente de la extracción de recursos para su sustento diario. Los líderes locales han insistido en que cualquier medida adoptada debe contemplar este contexto y equilibrar los intereses económicos, sociales y ambientales del territorio.

Desde el nivel central, el Gobierno ha enviado a representantes de alto nivel para hacer parte de las mesas, incluyendo funcionarios de los ministerios del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura. También se ha contado con la presencia de delegados de la Agencia Nacional de Minería y otras entidades con competencia directa en la materia.

Mientras avanzan las conversaciones, la expectativa en los municipios afectados gira en torno a que se alcance un acuerdo que ponga fin a las restricciones de movilidad y permita reactivar las actividades económicas sin generar nuevos focos de tensión.

El gobernador Amaya, en su pronunciamiento más reciente, reiteró que el diálogo es la vía que permite construir salidas responsables a las demandas de la ciudadanía: “Confiamos en que, con paciencia y voluntad, podamos llegar a un acuerdo que responda a las necesidades del territorio lo antes posible”.