
El departamento de Boyacá amaneció completamente incomunicado, después de que campesinos se reunieran desde las 4:00 a. m. de este lunes 4 de agostos en varios puntos del principal corredor vial que conecta a los municipios de Paipa y Tunja con la capital del país.
Según la información conocida hasta el momento, se presentan dos cierres totales en la vía Paipa - Bogotá.
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En el primer hecho, líderes parameros se asentaron a la altura del Puente de Boyacá, en Ventaquemada, en señal de protesta ante el incumplimiento del gobernador Carlos Amaya y la ministra de Ambiente, Lena Estrada, que no asistieron a una reunión clave citada en Güicán el sábado 2 agosto.
El presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, Roberto Arango, manifestó la inconformidad del sector: “Lamentablemente hubo una burla muy grande a más de 2.000 campesinos que hicieron presencia aquí en el municipio de Güicán. Ni el gobernador, ni los del Ministerio de Ambiente, ni los del Ministerio de Agricultura, ni la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) hicieron presencia”.

La protesta de los parameros tiene como eje central la exigencia al cumplimiento de acuerdos previos, centrados principalmente en la delimitación de los páramos y la regulación de actividades económicas para las comunidades que habitan estas zonas. La comunidad denunció haber esperado sin respuesta oficial hasta las 2:30 p. m., situación que incrementó la tensión y motivó la radicalización del paro.
Sin embargo, en la maña de este lunes la ministra de Ambiente, Lena Estrada, entregó una rueda de prensa en la que confirmó la disposición de un equipo de la cartera para dialogar con los campesinos.
La funcionaria aseguró que los parameros han pedido tiempo para concretar la mesa de diálogo mientras adelantan los bloqueos en el corredor vial. “Hoy íbamos a tener nuestra mesa de diálogo, pero ellos nos han pedido que esperemos. Así que tenemos a todo el equipo en Boyacá atentos a que ellos nos digan cuando desean sentarse a conversar”, señaló la ministra.
Asimismo, desde las primeras horas del 4 de agosto, trabajadores y empresarios del sector carbonífero iniciaron bloqueos en vías estratégicas del departamento, en medio del anuncio de un paro indefinido convocado para exigir garantías al Gobierno Nacional.
Las afectaciones viales incluyen el cruce entre Corrales y Tópaga, el sector de El Laguito en Sogamoso, la salida al llano por la vía del Cusiana, así como puntos en Paipa y Belén.
Además, los bloqueos se realizan con volquetas cargadas de laja para frenar el paso de las grandes empresas y, según los organizadores, impedir el traslado de productos durante las jornadas de protesta.

En el municipio de Paipa, el bloqueo en la doble calzada comenzó a las 5:00 de la mañana, con delegaciones provenientes de varios municipios. Posteriormente, a las 7:00, se empezó una concentración sobre la vía intermunicipal, reforzando la presencia gremial en la zona.
Para el resto del día, las autoridades informaron sobre la posibilidad de que surjan nuevas concentraciones y bloqueos, no solo en Paipa —donde la movilización se ubicará en el sector del puente Armando Solano—, sino también en Belén, en el área de El Topón, y en Sogamoso, en la glorieta Gustavo Jiménez, todos puntos considerados clave para la logística y la conectividad del departamento.
Frente a los bloqueos —donde “necesitamos cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, para desbloquear las vías y retomar la movilidad en la región”, explicó Roberto Arango, líder campesino— la Policía Nacional desplegó 150 uniformados para acompañar el desarrollo de las manifestaciones, así como para mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.
Entretanto, desde la capital del país confirmaron que el servicio intermunicipal hacia Tunja y Paipa fue suspendido mientras se restablece el tránsito por la vía principal.
Simultáneamente, en el occidente de Boyacá, la situación se vio tensionada por la intervención de la fuerza pública en zonas de minería ancestral. De acuerdo con Rafael Darío, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales de Coscuez, la Fiscalía 50 de Bogotá ordenó un operativo que terminó con la destrucción de herramientas y maquinaría artesanal.
El dirigente denunció que “fue una agresión directa a nuestra forma de vida. Lanzaron explosivos mientras había trabajadores en los socavones y eso pudo causar una tragedia. Afortunadamente no hubo heridos”, comentó el líder en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
A pesar del ofrecimiento del Gobierno Departamental para instalar una mesa técnica con representantes de varios ministerios en Paipa, la comunidad minera optó por mantener el paro en San Pablo de Borbur. La continuidad de la protesta responde, según los mineros, a la exigencia de garantías plenas sobre sus derechos y el cese de la persecución a los trabajadores tradicionales del sector.
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