La Contraloría General de la República entró a la discusión por la polémica que ha causado el decreto expedido por el Gobierno nacional, que implementaría por vía administrativa varios puntos de la reforma a la salud que el presidente Gustavo Petro insiste en aprobar.
De hecho, el jefe del ente de control informó en la tarde de este jueves 31 de julio que, tras la expedición del decreto nacional, la Contraloría iniciará con las labores de revisión de sus alcances y así determinar sus efectos.
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Sin embargo, el funcionario señaló que la discusión deberá centrarse en los aspectos técnicos de la medida, dejando a un lado los tintes políticos que puedan surgir en medio de la contienda electoral.
“Nosotros vamos como, como le expresé, a revisar sus condiciones jurídicas, pero ante todo, el llamado que vamos a realizar es a que procuremos realizar una discusión de carácter técnico que ojalá, al menos en ese tema, solamente en ese, en el tema de la salud, podamos construir un consenso y sacarlo de ese debate electoral y simplemente político, porque las consecuencias que se pueden producir producto de ellos son consecuencias irreversibles”, señaló el contralor.
Entretanto, apenas horas después de conocerse el polémico decreto que avalaría la transferencia de herramientas, la formación del talento humano y el acompañamiento operativo a las entidades territoriales, el Gobierno enfatizó que esta disposición contempla “criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas”, en un contexto marcado por críticas de sectores opositores que acusan a la administración de buscar implementar cambios estructurales eludiendo el debate legislativo.
En un comunicado divulgado por el Ministerio de Salud, se aclaró que el objetivo real es “dar cumplimiento a lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer la atención primaria en salud de todo el país”.
La cartera explicó que el decreto se suma a otras acciones del Ejecutivo para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el proyecto de reforma estructural que sigue su trámite en el Congreso.
“La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional, mientras que el presente decreto se limita a desarrollar lo ya aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”, señala el ministerio.
La cartera subrayó que el nuevo modelo organizativo promovido por el decreto busca acercar los servicios de salud y aumentar su capacidad de resolución, especialmente en las zonas más aisladas, con énfasis en reforzar el primer nivel de atención, optimizar el uso de los recursos públicos y priorizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Con este fin, anunció la ejecución de un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica para las entidades locales, destinado a asegurar que cada región cuente con las capacidades necesarias en los distintos pilares del modelo.
Entre los aspectos detallados, el Ministerio puntualizó que la nueva disposición “no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS”. Por el contrario, se establecen pautas para mejorar la coordinación territorial de los actores del sistema, con el objetivo de que la atención sea oportuna, de calidad y continua para los usuarios.
La entidad concluyó poniendo el acento en el enfoque preventivo y equitativo que busca consolidar este modelo, asegurando: “Con la adopción de este modelo, el Gobierno nacional avanza en la consolidación de un sistema más preventivo, equitativo y centrado en las necesidades de las personas, familias y comunidades de los territorios”. Asimismo, reiteró la naturaleza prioritaria de la medida para “garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y dignidad en todo el territorio nacional, como obliga nuestra Constitución Política”.
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