En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de España y la Oficina Central Nacional de Interpol, fue capturado en Cartagena Javier Fernández Morales, conocido como “Choki”, uno de los agresores sexuales más buscados de España.
La detención se produjo luego de rastrear al fugitivo, que se ocultaba en un velero atracado en el Club Náutico de la ciudad.
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Fernández Morales, ciudadano español de 53 años, es requerido por las autoridades españolas por abuso sexual a menor de 16 años en dos episodios ocurridos en 2016, hechos en los que, según los cargos, empleó violencia.
La captura se logró luego de un trabajo conjunto de dos meses entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de Colombia y la policía española, que permitió la expedición de una Notificación Roja de Interpol para su búsqueda y posterior arresto.
Según informó el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional de Colombia, el rastreo del fugitivo se apoyó en patrones de comportamiento financiero que permitieron identificar cuentas bancarias vinculadas a Fernández Morales.
Estas cuentas estaban asociadas a establecimientos comerciales y del sector hotelero de Cartagena, lo que facilitó delimitar su área de movilidad y finalmente localizar la embarcación tipo velero donde residía.
“La ofensiva contra el multicrimen y el delito permitió hacer efectiva la Notificación Roja de Interpol y detener a un individuo requerido por un delito de abuso sexual a menor de 16 años”, señaló el general Triana en sus redes sociales.
La captura de Javier Fernández Morales, alias Choki, en Cartagena se suma a una serie de operativos que reflejan la creciente preocupación de las autoridades por el aumento de delitos sexuales cometidos por extranjeros en Colombia, especialmente en ciudades como Medellín.
Este fenómeno ha llevado a fortalecer la cooperación internacional y a implementar nuevas estrategias para prevenir y judicializar casos de abuso y explotación sexual de menores.
Una corte federal de Florida condenó en julio de 2024 a Hamzeh Mohammad Anasweh, ciudadano con doble nacionalidad jordano-estadounidense, a 21 años de prisión por delitos sexuales cometidos en la capital de Antioquia durante 2023, según informaron las autoridades y recogió El Tiempo.
La colaboración entre las autoridades locales y agencias estadounidenses permitió identificar y capturar a agresores extranjeros, así como judicializar casos que involucraron explotación sexual de menores en la ciudad.
En el caso de Anasweh, fue detenido en Miami el 12 de julio de 2024, poco antes de abordar un vuelo hacia Medellín.
Durante su arresto, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares, uno de los cuales contenía una carpeta oculta con imágenes de jóvenes desnudas, incluidas fotografías de una adolescente colombiana.
Además, se comprobó que contactaba a las menores bajo el seudónimo de “JS” y les enviaba dinero a cambio de encuentros sexuales.
La administración distrital de Medellín implementó medidas para frenar la llegada de turistas sexuales, entre ellas la adopción de la plataforma Angel Watch, desarrollada junto a agencias de inteligencia de Estados Unidos como la división de investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Esta herramienta permitió impedir la entrada a 756 personas en los controles migratorios del aeropuerto internacional José María Córdova en 2024, de las cuales 27 alertas correspondieron a casos de explotación sexual y comercial de menores.
En el mismo año, otro extranjero, Stefan Andrés Correa, fue sentenciado a cadena perpetua por una corte de Florida tras ser acusado de ingresar a Medellín en más de 45 ocasiones para abusar de menores.
La investigación sobre Correa permitió desmantelar una red de explotación sexual dirigida por mujeres locales, una de las cuales actuaba como proxeneta de su propia prima menor de edad.
La sentencia de cadena perpetua dictada el 27 de junio de 2024 marcó un precedente en la lucha contra la explotación sexual de menores por parte de extranjeros en la ciudad.
Durante el proceso judicial, Anasweh intentó justificar sus acciones alegando que verificaba la edad de las jóvenes solicitando documentos de identidad. Sin embargo, los chats recuperados por las autoridades desmintieron su versión.
En una conversación, una de las víctimas le envió una foto de su tarjeta de identidad y él respondió: “parecías una bebé en la foto”.
Las pruebas incluyeron fotografías, registros de transferencias de dinero y testimonios de las víctimas, lo que permitió dictar la condena.
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