Abogado de Iván Cepeda aclara si hay riesgo de prescripción del caso Álvaro Uribe: segunda instancia pasará al Tribunal Superior de Bogotá

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado el 28 de julio de 2025 por fraude procesal y soborno en actuación penal, estuvo marcado por la búsqueda de personas dispuestas a declarar que el senador Iván Cepeda Castro, que fue declarado como víctima en el caso, había intentado fabricar testimonios en contra del expresidente.

La sentencia documenta cómo se recurrió a la manipulación de testigos para intentar construir una narrativa favorable al expresidente. En un contexto de intensas tensiones políticas y mediáticas, la condena contra Uribe Vélez se convierte así en el desenlace de un litigio prolongado, en el que la presión sobre testigos y la instrumentalización de la justicia ocuparon un lugar central.

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La decisión judicial, que será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá una vez se conozca en su totalidad, representa un punto de inflexión tanto en el ámbito político como en el judicial. La sentencia establece que Uribe Vélez promovió, instigó y toleró un libreto para engañar a la justicia y manipular testigos con el objetivo de desacreditar a quienes lo han vinculado con el paramilitarismo.

A propósito de la reciente decisión judicial, que marca un hito en uno de los procesos más seguidos de la historia reciente de Colombia, se pronunció el abogado Reynaldo Villalba, el representante legal de Iván Cepeda.

“Mi primera reacción es francamente de complacencia, sobre todo porque es la reivindicación de la autonomía y la independencia de la justicia, de la decisión de la justicia de superar impunidades históricas”, dijo Villalba en una entrevista que concedió a Cambio.

La decisión judicial representa, según el abogado, un punto de inflexión para la independencia del poder judicial en el país. El fallo, presentado con lo que Villalba describe como “una riqueza jurídica, fuera de toda duda, absolutamente apegada a derecho”, ha sido recibido con satisfacción por quienes consideran que la justicia ha dado un paso decisivo para superar la impunidad en casos de alto perfil.

“Una sólida decisión que, por supuesto, aspiramos que el honorable Tribunal Superior de Bogotá confirme en su momento”, aseguró el jurista.

¿Hay riesgo de prescripción del proceso contra Uribe?

El proceso judicial, que ha captado la atención nacional e internacional, se encuentra ahora a la espera de la revisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá. La lentitud de este tribunal ha sido motivo de preocupación en otros casos emblemáticos, como el del Palacio de Justicia. Sin embargo, Villalba se muestra confiado en que no habrá riesgo de prescripción en este caso.

“Para ser franco no hay ninguna posibilidad de que la prescripción cobije este caso que atrae la atención nacional. No creo que el Tribunal se vaya a dar la pela de permitir esa prescripción”, aseguró Vilalba a Cambio.

Según Villalba, la jueza encargada del caso, Sandra Liliana Heredia, fue categórica al rechazar la tesis de la defensa de Uribe, que sostenía que las acciones investigadas fueron obra de personas que actuaron por cuenta propia, sin conocimiento del exmandatario. Villalba explicó que la figura de la determinación, central en la sentencia, permite identificar quién actuó detrás de los autores materiales.

“Efectivamente, la señora jueza fue clara en sus argumentos para demostrar que la determinación efectivamente existió. Ese examen de alguna manera también lo había adelantado la Corte Suprema de Justicia en su momento, pues fue la primera que dijo que Álvaro Uribe había actuado como determinador (...) La jueza fue clarísima en determinar, valga la redundancia, las razones por las cuales consideraba determinador al hoy condenado”, dijo al citado medio.

El propósito de la defensa de Uribe en el caso, según Villalba, era desvirtuar los testimonios que vinculaban al expresidente Uribe con grupos paramilitares.

“Esos hechos por paramilitarismo, por crímenes que ya han sido declarados de lesa humanidad, llevan años en la Fiscalía General de la Nación. Efectivamente, la justicia en Colombia sigue en deuda frente a esos hechos y debe avanzar decididamente en esas investigaciones para tomar decisiones respecto”, concluyó el abogado.