“Nosotros también tenemos derecho”, confesó a un amigo uno de los hombres más cercanos a Élder José Arteaga, alias el Costeño, mientras planeaba entregar a su propio jefe a las autoridades.
El motivo era tan simple como contundente: quería cobrar los 300 millones de pesos de recompensa y así poder comprar una casa, según conoció Semana.
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La traición, en este caso, no respondía a códigos de lealtad ni a pactos de silencio, sino a una necesidad personal y a la oportunidad de obtener un beneficio económico inmediato.
Sin embargo, la realidad se impuso antes de que pudiera concretar su plan: la captura del Costeño ya era un hecho.
La detención de Élder José Arteaga en Bogotá, según confirmó Semana, puso en evidencia la ausencia total de principios en el mundo criminal. El hombre que había conocido todos los detalles del atentado planeado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, no dudó en considerar la posibilidad de entregar a su jefe.
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La promesa de una recompensa millonaria resultó más poderosa que cualquier vínculo forjado en la clandestinidad.
Semana reveló que este colaborador, movido por el deseo de adquirir una vivienda propia, buscó establecer contacto con las autoridades. Su demora fue, precisamente, buscar la forma de contactar a las autoridades.
La información obtenida por el medio muestra que, mientras el delator intentaba negociar su entrega, la noticia de la captura de alias el Costeño lo sorprendió y frustró sus planes.
Séptimo implicado en atentado contra Miguel Uribe Turbay se presenta ante la Fiscalía
“Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador. En medio de su intento de fuga, el adolescente resultó herido en una de sus extremidades y fue aprehendido en situación de flagrancia cerca del lugar de los hechos”, comunicó la Fiscalía General de la Nación.
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Esta declaración, que describe la captura del presunto sicario adolescente tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, revela la complejidad y el alcance de la investigación que rodea el ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
En este contexto, la noticia principal se centra en la reciente presentación voluntaria de un adolescente de 17 años ante la Fiscalía, que se convierte en el séptimo implicado en el caso y cuya comparecencia abre nuevas líneas de indagación sobre la planeación del crimen.
Según la información difundida por la Fiscalía General de la Nación, el menor de 17 años acudió a la entidad para responder por su presunta participación en una de las reuniones de planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial.
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Tras su presentación, el adolescente firmó un compromiso voluntario para ampliar su interrogatorio y quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
La Fiscalía subrayó que “avanza en las líneas investigativas que buscan individualizar y judicializar a los determinadores del hecho”.
El caso ya contaba con seis personas judicializadas y privadas de la libertad antes de la llegada del séptimo implicado. Entre los procesados destaca Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño, a que las autoridades identifican como el coordinador del crimen.
El Costeño enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación y porte de armas de fuego agravados, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento o alteración de elemento material probatorio. Durante la audiencia de imputación, el acusado no aceptó los cargos.
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La investigación también ha puesto el foco en un menor de 15 años, señalado como el autor material de los disparos que hirieron a Miguel Uribe Turbay en tres ocasiones. De acuerdo con la Fiscalía, el adolescente habría aprovechado la confusión de la multitud para ejecutar el ataque y, tras resultar herido en una extremidad durante su huida, fue capturado en flagrancia cerca del lugar de los hechos.
El joven enfrentará una acusación formal el 4 de agosto de 2025 por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos cargos se procesarán conforme al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y el menor tampoco aceptó los cargos en la audiencia de imputación.
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