Juliana Guerrero Jiménez volvió a estar en el centro de la agenda pública al aparecer entre quienes abordaron vuelos oficiales de la Policía los días 19 y 20 de junio de 2025. Una publicación de la revista Cambio aportó como prueba un documento de la Universidad Popular del Cesar, donde consta que Guerrero Jiménez y su hermana Verónica participaron durante siete horas en una sesión del Consejo Superior en Aguachica, Cesar, el 20 de junio.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz cuestionó duramente al Gobierno de Gustavo Petro tras la publicación de la investigación sobre Juliana Guerrero Jiménez. Ruiz calificó de “descarados” a los funcionarios actuales y criticó los detalles revelados por el medio antes citado.
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La asistente de 22 años empleó tanto un avión de la Policía como un helicóptero Bell 212, matrícula PNC-0495, para trasladarse a la reunión. Junto a ella viajaron personas de su entorno, entre quienes se encontraban René Segundo Hernández, directivo del Ministerio del Interior, y José Carlos Pérez Yancy, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la UPC.
La investigación señala que el viaje habría tenido como propósito promover cambios en los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, lo que posibilitó la continuidad de Rober Romero en la rectoría. Este proceso estaría vinculado a la importancia política y financiera que representa la universidad en el ámbito local.
Las respuestas del entorno político frente a lo anterior surgieron de inmediato. El exministro de Justicia Wilson Ruiz cuestionó la legitimidad de los desplazamientos en aeronaves de la Policía y la finalidad de la visita a la Universidad Popular del Cesar, poniendo en duda el manejo de fondos públicos por parte del Gobierno.
Ruiz también resaltó la presencia de funcionarios con antecedentes judiciales en el viaje y criticó la aparente contradicción entre el discurso del Gobierno y su accionar.
“Juliana Guerrero usó avión y helicóptero de la Policía para llegar a la Universidad Popular del Cesar e imponer un rector. Viajó con su hermana, amigos y René Hernández, condenado por falsedad en documento público y hoy director de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Costo del paseo: $126 millones. Y encima, la nueva Laura Sarabia del gobierno Petro… ¡está en el SISBÉN! Así derrocha la plata el gobierno que dice ser åå‘el pueblo’. Descarados”, aseveró por medio de su cuenta de X el exfuncionario público perteneciente a la administración pública del expresidente Iván Duque.
A las críticas se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el manejo del gasto público durante la administración actual. Cabal enfatizó el contraste entre el uso de fondos estatales en viajes oficiales y la situación económica que enfrenta gran parte de la población colombiana.
La legisladora también pidió la intervención de los órganos de control ante lo que consideró un ejemplo de corrupción en el Gobierno.
“En el gobierno del “cambio” gastan recursos a manos llenas mientras millones de colombianos están haciendo cuentas para pagar la renta de este 2025. ¡Malgastar el presupuesto es corrupción! ¿Qué dice la Procuraduría?”, escribió en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
En cuanto al viaje de Guerrero, la versión oficial avaló la reserva sobre la naturaleza de la misión bajo argumentos de seguridad y orden público, según lo expuesto por el ministro Benedetti. Sin embargo, información recopilada por Cambio señala que la verdadera motivación de su desplazamiento estuvo ligada a la gestión de una reforma estatutaria en la Universidad Popular del Cesar.
El itinerario contempló su arribo a Valledupar en un avión policial el 19 de junio, seguido por un trayecto en helicóptero hasta el Batallón Andrés María Rosillo la mañana siguiente. La participación de Juliana y Verónica Guerrero se reflejó el 20 de junio durante la sesión del Consejo Superior, en la que impulsaron cambios normativos que permitieron la reelección inmediata del rector, pese a que Verónica no tiene designación oficial en ese organismo.
Documentos y testimonios recogidos por la revista Cambio respaldan que su asistencia carecía de justificación institucional, aunque intervino activamente en el debate sobre los estatutos.
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