Iván Cepeda celebró avance judicial en proceso contra Diego Cadena: “Las víctimas exigen justicia, no componendas”

El curso judicial del caso que involucra a los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, antes litigantes del expresidente Álvaro Uribe, dio un giro decisivo tras la intervención conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la bancada de víctimas, representadas por el senador Iván Cepeda Castro, la médica Deyanira Gómez Sarmiento, y sus abogados.

El llamado unificado al juez busca una condena contundente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, bajo la premisa de que las víctimas fueron instrumentalizadas, calumniadas y, durante años, silenciadas por una maquinaria jurídica y mediática que operaba sin escrúpulos, de acuerdo con los perjudicados en el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el entramado criminal revelado por la Fiscalía pone de relieve una operación sistemática, articulada desde los centros de reclusión y ejecutada por abogados que, lejos de respetar la ética profesional, se valieron de promesas dinerarias y engaños para tergiversar testimonios.

La intención, según lo expuesto en las últimas audiencias y las mismas víctimas, era desviar la atención de las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y desacreditar a quienes, como el senador había insistido, querían esclarecer la verdad en torno a la conformación de estructuras paramilitares en el país.

En el comunicado, la bancada de víctimas argumentó con firmeza que tanto Cadena como Salazar Cruz deben ser sancionados como coautores materiales de los delitos mencionados. De acuerdo con el documento, lo probado en juicio superó —en palabras del Ministerio Público— “el umbral de la duda razonable”, al configurar una conducta dolosa orientada a manipular la justicia a través de sobornos y pruebas falsas. Las víctimas reiteraron que no buscan venganza ni revancha política, sino el reconocimiento pleno de la verdad y la sanción de quienes violentaron su integridad moral y jurídica.

Iván Cepeda, que denuncia ser objeto de reiteradas campañas de desprestigio a raíz de sus investigaciones sobre el paramilitarismo, recalcó que este caso no solo se trata de una defensa personal, sino de una causa colectiva. “Lo que aquí está en juego es la dignidad de las víctimas, el respeto por quienes han sido perseguidos por denunciar, y la obligación del Estado de garantizar que el aparato judicial no sea instrumento de impunidad”, declaró tras la audiencia.

El documento fechado del 9 de julio, que recoge las conclusiones de la Fiscalía y la representación de víctimas, da cuenta de las maniobras de cooptación realizadas por los abogados Cadena y Salazar. En particular, se detalla cómo, supuestamente, se contactó al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, exparamilitar, al ofrecer beneficios jurídicos y dinero a cambio de retractarse de sus señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez.

Según denuncian las víctimas, a través del abogado Diego Cadena, con apoyo de terceros como Enrique Pardo Hasche, se urdió un plan para que Monsalve afirmara que había mentido a instancias de Iván Cepeda, tergiversando así los hechos que dieron origen a la investigación.

Para los perjudicados, no menos perturbadoras resultan las pruebas relacionadas con el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, que firmó cartas falsas bajo la orientación directa de los acusados. Ellos resaltar que parte de la estrategia utilizada era inducir en error a la Corte Suprema de Justicia, acompañadas por promesas de dinero que, en algunos casos, sí se materializaron.

Para Deyanira Gómez, también víctima reconocida dentro del proceso, puesto que fue pareja de Monsalve, la postura institucional es un paso esencial para “reivindicar años de lucha”. La médica, que enfrentó amenazas y persecución por su relación con el exparamilitar, resaltó que este caso marca un precedente importante para todas las personas que han osado denunciar estructuras de poder con profundas conexiones en lo político y lo judicial. “No es fácil enfrentar un aparato que, por años, se ha nutrido de la intimidación y el engaño. Hoy sentimos que por fin se nos escucha”, sostuvo en el comunicado.

A la espera de la sentencia definitiva, las víctimas reiteran su esperanza en que el sistema judicial no sucumba ante las presiones ni los intereses políticos. Como lo expresó el abogado Miguel Ángel del Río Malo, “no estamos ante un caso menor. Esta es una oportunidad para restablecer la confianza en la justicia y poner un freno a quienes han creído que la verdad se puede comprar”.