Subsidios al borde del colapso, deuda del Gobierno por energía ya supera los $7 billones

A pesar del reconocimiento por los pagos realizados hasta diciembre de 2024, el panorama para los subsidios de energía en Colombia sigue cargado de incertidumbre. Las alertas llegan tanto desde el gremio eléctrico como de los organismos de control, en medio de un déficit presupuestal que amenaza con poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

Durante el Congreso de Andesco, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a prender las alarmas. En su intervención, recordó que, “un tema del que ya he hablado, pero que aún está por resolverse, es el de la deuda de la Nación por subsidios tarifarios”. Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, esa deuda alcanzaba los $7,6 billones en enero de 2025.

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La cifra incluye varios componentes, $2,7 billones por subsidios eléctricos, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón adeudado por entidades oficiales y $628.000 millones correspondientes a subsidios de gas combustible.

A esto se suman los datos actualizados por el Ministerio de Minas en marzo, en los que se detalla que aún hay $1,9 billones por pagar a comercializadoras de energía, solo del año 2024. De ese monto, un poco más de $1 billón ya había sido reconocido mediante resoluciones, pero el resto seguía pendiente de formalización administrativa.

Desde la Contraloría no solo preocupa el tamaño de la deuda, sino la falta de visión estructural. Rodríguez advirtió que las fallas en los esquemas de subsidios comprometen objetivos clave como la calidad del servicio, el acceso equitativo y la sostenibilidad del sistema, además de exponer riesgos de opacidad en el manejo de los recursos públicos. “Es de gran relevancia la medición de impacto de esta inversión, aún por hacerse”, señaló, insistiendo en que se debe alinear el subsidio con eficiencia energética, incentivos al pago y apoyo a fuentes renovables.

En el frente gremial, la preocupación también es creciente. José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, explicó que aunque el Gobierno nacional logró ponerse al día con los pagos hasta el cierre de 2024, el panorama para este año es más complejo. “En 2025, persiste la preocupación”, dijo.

El motivo es claro, el Presupuesto General de la Nación solo cubre tres meses del año en subsidios eléctricos. Los otros nueve meses no tienen respaldo financiero, lo que deja un hueco de $2,7 billones solo para lo que resta de 2025. Esta situación pone una presión adicional sobre las empresas comercializadoras, que debieron asumir el costo del subsidio sin certeza de reembolso inmediato, lo que podría afectar su liquidez y operación en el mediano plazo. Hasta mayo, las empresas habían asumido $1,5 billones en subsidios entregados. Con el cierre de junio, esa cifra ya alcanzaba los $1,8 billones.

Además, Manzur señaló que ya solicitaron al Gobierno que en el proyecto de ley para la vigencia fiscal de 2026 se incluyan $3,7 billones adicionales, lo que, sumado al faltante de este año, plantea una necesidad urgente de $6,4 billones para evitar una crisis en cadena.

“El llamado es a que el Gobierno apropie esa visión presupuestal ahora, porque si no hay más recursos, a finales del año vamos a estar en una situación mucho más crítica a la que estábamos a finales de abril”, enfatizó Manzur. El fondo del asunto no es solo técnico, sino estructural, se trata de garantizar que los subsidios lleguen a quienes los necesitan, que no se conviertan en una carga impagable y que, sobre todo, sean sostenibles en el tiempo. Tanto la Contraloría como el gremio eléctrico coinciden en que el Estado debe actuar con previsión y rigor, para que esta política social clave no se transforme en un nuevo pasivo fiscal difícil de sostener.