La Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de una agencia especial designada por la Procuraduría General, adelanta una investigación penal para esclarecer posibles irregularidades en el sorteo número 4788 de la Lotería de Medellín, realizado el pasado mayo durante la celebración del Día de la Madre.
En ese sorteo, el premio seco de mil millones de pesos fue reclamado por Luisa Fernanda Jaramillo, esposa del entonces subgerente comercial de la Lotería, Rubén Darío Callejas Gómez.
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La coincidencia generó un escándalo mediático que escaló rápidamente y obligó a las autoridades a actuar para esclarecer lo ocurrido y garantizar la transparencia de este tradicional juego de azar.
La Procuraduría General, que ya había iniciado una indagación previa, designó además al Procurador 140 Judicial II Penal de Medellín como agente especial para hacer seguimiento permanente a las diligencias judiciales que adelanta la Fiscalía.
El ente de control también busca establecer si hubo participación irregular de servidores públicos, fallas en los controles internos o incumplimientos en el deber de abstención por parte de funcionarios vinculados al proceso.
“El objetivo es verificar si se vulneraron principios fundamentales que rigen la función pública, como la transparencia, la moralidad administrativa y la legalidad”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
Tras conocerse la relación de la ganadora con un alto funcionario de la entidad, la Lotería de Medellín respondió con una auditoría interna y una auditoría forense independiente.
Según la gerencia, ambas revisaron más de diez horas de grabaciones de seguridad, sin hallar evidencia de manipulación o alteraciones en el sorteo.
Rodrigo Mendoza, gerente de la Lotería, aseguró en entrevista que los procedimientos “cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad”, y que el sorteo se desarrolló bajo supervisión directa de Coljuegos, entidad encargada del control y regulación de los juegos de suerte y azar en el país.
Pese a las auditorías, la controversia no se disipó. Rubén Darío Callejas presentó su renuncia poco después de conocerse la identidad de la ganadora, argumentando que lo hacía “para evitar suspicacias y garantizar la objetividad de las investigaciones”.
En un comunicado público, defendió la legalidad de la adquisición del billete premiado, el cual, aseguró, fue comprado a través del Fondo de Empleados de la Lotería y entregado como regalo a su esposa por el Día de la Madre.
“Me sentí aporreado en mi dignidad”, dijo Callejas, militante del Partido Liberal y cercano al gobierno departamental, al justificar su decisión de apartarse del cargo. También expresó su inconformidad con la forma en que se abordó la investigación interna por parte de la entidad.
Luisa Fernanda Jaramillo, por su parte, rompió el silencio en entrevista con la W Radio. “Que revisen lo que quieran”, afirmó al referirse a las críticas y denuncias en redes sociales.
Jaramillo, quien además de presentadora de Teleantioquia es asesora del despacho del gobernador de Antioquia, calificó la polémica como producto de “chismes y envidias”.
Según explicó, la renuncia de su esposo obedeció a una decisión familiar para evitar tensiones y no interferir en las investigaciones.
“Voy a usar el dinero para ayudar a mi familia e invertir en algunos proyectos personales”, señaló al hablar del destino del premio.
El caso llegó también a instancias nacionales. La Superintendencia Nacional de Salud, en conjunto con Coljuegos, anunció una auditoría para revisar los sorteos realizados en los meses de mayo y junio de 2025, como parte de un control más amplio sobre las operaciones de la Lotería de Medellín.
Incluso el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente, pidiendo a los organismos de control disciplinario y penal avanzar con rigor en las investigaciones.
“La transparencia del Estado en todos sus frentes es un deber irrenunciable”, dijo el mandatario, subrayando la importancia de preservar la confianza pública en este tipo de sorteos.
Aunque por ahora no se ha demostrado ninguna irregularidad técnica o legal en la ejecución del sorteo, los entes de control continúan con la recopilación de pruebas, testimonios y documentos.
La atención mediática y ciudadana se mantiene activa, y el caso se ha convertido en un símbolo de la necesidad de blindar las entidades públicas contra cualquier sospecha de favoritismo, conflicto de interés o corrupción.
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