El reciente escándalo que involucra a Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y judicial.
La publicación de una serie de audios por parte del medio El País de España ha puesto en el centro del debate las supuestas gestiones de Leyva para impulsar un presunto plan destinado a derrocar al presidente Gustavo Petro.
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En este contexto, el procurador Gregorio Eljach intervino con un llamado enfático a la defensa de la institucionalidad nacional, subrayando la importancia de respetar las garantías constitucionales que protegen la Presidencia de la República.
Eljach, en un comunicado difundido tras la revelación de los audios, instó a todos los sectores de la sociedad y del Estado a “fortalecer el respeto a la institucionalidad colombiana”.
El procurador enfatizó que “la dignidad de la Presidencia de la República, institución que representa la unidad de la nación, goza de garantías constitucionales que todos debemos acatar”.
Estas declaraciones reflejan la preocupación de la Procuraduría por el impacto que este tipo de controversias puede tener sobre la estabilidad democrática del país.
La controversia se intensificó cuando se conoció que, según las grabaciones, Leyva habría mantenido reuniones con el representante por Florida, Mario Díaz-Balart, y habría sugerido la implicación del secretario de Estado, Marco Rubio.
Leyva mencionó que Díaz-Balart estaba detrás de algunas de sus gestiones, lo que llevó al congresista estadounidense a pronunciarse públicamente.
Díaz-Balart fue tajante: “Cada loco con su tema”
Desde Florida, Díaz-Balart rechazó categóricamente cualquier implicación en un supuesto plan para destituir a Petro.
El congresista explicó que su agenda incluye encuentros con representantes de diversos sectores políticos colombianos, entre ellos funcionarios del actual gobierno.
“Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones”, declaró Díaz-Balart, quien además expresó que le resultaba graciosa la “cantidad de falsedades e inventos” que circulaban sobre sus reuniones.
Para subrayar su escepticismo, citó el refrán: “cada loco con su tema”. Por su parte, Giménez negó haber participado en cualquier complot.
Aunque dirigió críticas hacia el presidente colombiano, sostuvo que su postura respecto a Petro es personal y no requiere de influencias externas.
Rechazó de manera tajante haber formado parte de un plan para promover la salida del mandatario. “No necesitaba a nadie que lo convenciera de su opinión sobre el mandatario colombiano”, enfatizó Giménez.
¿Y cómo está la relación de Francia Márquez con el presidente luego de los audios de Leyva?
La controversia se intensificó cuando el presidente Petro, desde Sevilla, solicitó a su vicepresidenta Márquez que ofreciera explicaciones públicas y judiciales tras ser mencionada en los audios.
Márquez respondió negando cualquier posibilidad de involucrarse en conspiraciones y rechazó la versión de un plan para reemplazar al jefe de Estado. “Negó cualquier posibilidad de prestarse para conspiraciones y rechazó la versión de un plan para reemplazar al jefe de Estado”, afirmó la vicepresidenta.
En paralelo, El País detalló que las grabaciones atribuidas a Leyva sugerían la existencia de reuniones en Estados Unidos con los congresistas republicanos y mencionaban la hipótesis de un cambio en la presidencia colombiana.
“Se mencionaba la posibilidad de que la vicepresidenta Francia Márquez reemplazara a Petro”, según los audios difundidos por el medio español.
La Cancillería colombiana, en un comunicado recogido por El País, informó que funcionarios del gobierno se reunieron con congresistas estadounidenses en Cartagena, pero aclaró que en esos encuentros no se abordó el tema de los audios de Leyva.
En medio de la polémica, la Procuraduría ha reiterado la importancia de mantener la estabilidad institucional y ha llamado a la sociedad colombiana a rechazar cualquier intento de vulnerar la democracia.
Las autoridades han dejado claro que la defensa de la Presidencia y del orden constitucional es una prioridad, y que cualquier acción que busque desestabilizar al gobierno será objeto de investigación y sanción conforme a la ley.
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