Se frenó la investigación por presunto financiamiento irregular de la campaña Petro: CNE no tomará decisión pronto

El avance de la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunta violación de topes electorales, se frenó en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque todo parecía dispuesto para que en Sala Plena se votara la ponencia que propone sanciones por sobrepasar los límites de financiación en más de 5.300 millones de pesos, un nuevo giro en el caso impedirá que en junio se adopte decisión alguna.

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El motivo principal es la incapacidad presentada por la magistrada Alba Lucía Velásquez que solicitó un mes de licencia médica debido a un accidente doméstico.

Velásquez, cercana al Gobierno y designada en representación del Pacto Histórico, era pieza clave en la definición de recusaciones que pesan sobre su actuación en el expediente, lo que ha congelado el proceso de manera indefinida. Sin embargo, la repentina ausencia de la magistrada Velásquez dejó sin piso jurídico avanzar en la discusión y votación.

Además, la magistrada debía resolver varias recusaciones interpuestas en su contra, entre ellas una en la que se cuestionó la transparencia de Velásquez al no informar al resto de sus colegas sobre su papel como testigo electoral acreditada por el Pacto Histórico durante los comicios.

De acuerdo con una certificación de la Registraduría, Velásquez actuó en favor de la campaña que ahora debe investigar, lo que ha generado un profundo malestar entre sus compañeros en el CNE, quienes consideran que debió declararse impedida.

Las recusaciones sin trámite y el impacto en el proceso

El caso ganó complejidad cuando se conoció que llegaron dos recusaciones formales contra la magistrada Velásquez y que estas no fueron tramitadas en los tiempos establecidos por la norma. La primera recusación, interpuesta por el abogado Germán Felipe Sosa Prieto, señala: “Extrañamente tal circunstancia no fue revelada por la H. Magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández durante las sesiones de Sala Plena en que se sometió a discusión el proyecto que dio lugar a la adopción de la Resolución No. 05175 de 2024 y, a juicio del suscrito, debió declararse impedida de conocer y participar de tal decisión con fundamento en lo descrito en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011”.

El abogado Sosa solicitó que Velásquez sea apartada del expediente, lo que abriría la puerta para el nombramiento de un magistrado ad hoc. La fecha de presentación de la recusación resulta determinante, pues según fuentes consultadas por El Tiempo, la magistrada no la trasladó oportunamente a la Sala Plena, incumpliendo el procedimiento. Lo mismo habría sucedido con una segunda recusación, radicada desde mayo, y que tampoco fue gestionada.

A este contexto se sumó la incapacidad médica que presentó Velásquez tras un accidente doméstico. Si bien no se han divulgado detalles sobre el tipo de lesión, el documento de incapacidad es válido hasta el próximo 30 de junio, lo que implica que el análisis de las recusaciones y del fondo del proceso solo podrá reanudarse a partir de julio.

La prescripción como telón de fondo

La demora en resolver las recusaciones y la ausencia de una decisión de fondo sobre la investigación mantienen la tensión en el CNE. El caso estaría cada vez más cerca de la prescripción, lo que podría dejar sin sanción alguna las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial.

Para los críticos del manejo del expediente, los recientes acontecimientos son vistos como dilaciones que afectan la transparencia del proceso. La expectativa ahora está puesta en la reactivación del caso tras el vencimiento de la incapacidad de la magistrada Velásquez y en la pronta definición de las recusaciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación.