Sancionaron a exdirectora de Corpomojana por firmar millonarios contratos sin soporte técnico, ni financiero

La Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses a Liliana Quiroz Aguas, exdirectora de la Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (Corpomojana), por su responsabilidad en la suscripción y planeación irregular de dos contratos de alto valor durante su gestión.

En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público demostró que Quiroz Aguas firmó el contrato 038 de 2020 por $3.475 millones para labores de mantenimiento en 2.226 hectáreas de plantaciones forestales, sin contar con estudios técnicos ni financieros que sustentaran adecuadamente la ejecución del proyecto.

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Además, en 2021, año en el que ya estaba siendo señalada por presunta corrupción en medios locales, suscribió un segundo contrato por $2.490 millones con el mismo objeto, esta vez para intervenir 1.434 hectáreas.

En este caso, la Procuraduría evidenció que “los estudios de mercado eran difusos y ajenos a la realidad”.

Según la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, las faltas cometidas fueron calificadas como gravísimas, cometidas a título de culpa grave.

Aunque actualmente la sancionada no ocupa el cargo, la suspensión se traduce en la inhabilidad para ejercer funciones públicas y en la obligación de pagar el equivalente a seis meses de salario que percibía en el momento de los hechos.

“Los contratos fueron suscritos sin soportes serios ni responsables, lo cual compromete los principios de planeación y responsabilidad fiscal”, concluyó el fallo. La decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

Procuraduría inhabilita por 10 años a interventor del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez por incumplimientos graves

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de inhabilidad por 10 años y multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, un ciudadano que fungió como interventor del contrato para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Vélez, Santander.

La decisión se tomó tras evidenciar “serias deficiencias” originadas por la falta de exigencia en la calidad de los bienes y materiales utilizados, así como en la correcta ejecución del proyecto.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Beltrán Dulcey, en su papel de interventor, no realizó un seguimiento adecuado ni demandó los estándares debidos durante el desarrollo de la obra, cuyo valor supera los 27 mil millones de pesos.

Como resultado de estas omisiones, varios tramos presentaron fallas “en 2021 y 2022 y, debido a las deficiencias en la calidad del pavimento, este debió ser levantado y renovado por presentar disgregación y desintegración, baches, fisuras longitudinales y hundimientos”.

La Procuraduría calificó la falta disciplinaria del interventor como “gravísima con culpa gravísima por desatención elemental”, y destacó la responsabilidad directa en el deterioro prematuro de la obra pública y el perjuicio para la comunidad de Vélez. Contra la decisión cabe recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

Procuraduría investiga a funcionarios de la Gobernación del Cesar por manejo de vehículo de bomberos

La Procuraduría también inició indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Cesar, a raíz de posibles incumplimientos en sus deberes relacionados con la gestión del carro de bomberos escalera de Valledupar.

El proceso busca establecer las razones por las que este vehículo de rescate no prestó apoyo durante el grave incendio ocurrido en el conjunto residencial Villa Bolivariana días atrás, situación que, según denuncias, estaría relacionada con la falta de mantenimiento preventivo y correctivo del automotor.

El organismo señaló que se encuentra verificando la legalidad y el destino de los recursos invertidos por la gobernación para la compra del vehículo, así como para las pólizas Soat, y si existen operadores debidamente calificados para conducirlo.

“La entidad verifica los motivos por los cuales el carro escalera de bomberos de Valledupar no atendió un grave incendio en el conjunto residencial Villa Bolivariana en días pasados, presuntamente por falta de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo de rescate”, indicó oficialmente la Procuraduría.