Un nuevo episodio de tensión política sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el sorpresivo nombramiento de Nelson Javier Vásquez Torres como nuevo agente interventor de la empresa de energía eléctrica Air-e.
La decisión, tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), ha generado malestar en el Ministerio de Minas y Energía, cuyo titular, Edwin Palma, no fue consultado previamente sobre el relevo.
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Palma, que se encontraba en Bruselas en una agenda internacional cuando se hizo el anuncio, expresó su inconformidad directamente a la Casa de Nariño.
Según reportó el diario El Tiempo, el ministro señaló al superintendente Libardo Yanod Márquez Aldana como responsable de una decisión que no solo lo tomó por sorpresa, sino que considera contraria a la coordinación gubernamental que el propio presidente Petro le había encomendado.
La Superservicios defendió su actuar asegurando que la designación de Vásquez Torres fue una decisión autónoma, pero en sectores del alto Gobierno este movimiento es visto como un desafío a la autoridad del ministro Palma.
La falta de comunicación previa entre entidades, en un momento de aguda crisis financiera y operativa en Air-e, agudiza las tensiones internas en el Ejecutivo.
El nuevo interventor reemplaza a Diana Bustamante, quien había asumido el cargo en marzo de 2025 con el respaldo del Ministerio de Minas.
Su gestión, sin embargo, duró apenas poco más de tres meses. Hasta ahora, no se han hecho públicos los motivos de su salida, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Vásquez Torres llega a Air-e con una hoja de vida robusta, según el medio citado. Es administrador público, con especialización en Gerencia Financiera, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Ambientales.
Ha ocupado cargos como jefe de Planeación en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y secretario general del propio Ministerio de Minas y Energía.
Desde la Superservicios se insiste en que su experiencia técnica es clave para enfrentar los retos que atraviesa la empresa intervenida.
Air-e, responsable del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue intervenida en septiembre de 2024 a solicitud de sus propietarios.
La medida buscaba salvar a la compañía de una situación crítica, pero desde entonces ha tenido cuatro interventores distintos en menos de un año: Carlos Diago, Edwin Palma (quien renunció al ser nombrado ministro), Diana Bustamante y ahora Vásquez Torres.
Esta inestabilidad en la dirección ha sido uno de los principales obstáculos para la recuperación de Air-e. Durante su corta gestión, Bustamante alertó sobre la gravedad financiera de la empresa y solicitó apoyo urgente del Gobierno.
Según cifras de abril de 2025, Air-e acumulaba deudas superiores a 1,1 billones de pesos, especialmente con generadoras térmicas. El panorama no ha mejorado: se estima que las obligaciones totales superan ahora los 2 billones, mientras se proyecta un déficit de caja de 2,8 billones para el resto del año.
A esto se suma el impacto de la opción tarifaria implementada durante la pandemia, que permitió cobrar tarifas diferidas pero dejó un saldo impago superior a 1,8 billones de pesos.
Esta deuda ha limitado gravemente la capacidad de inversión de la empresa, afectando la calidad del servicio en la región Caribe y elevando el riesgo de apagones masivos en medio de fenómenos climáticos como El Niño.
Más allá del estado financiero de la empresa, el reciente relevo también ha traído consigo cuestionamientos por falta de transparencia.
En las semanas previas al cambio de interventor, llegó a la Presidencia un informe sobre un contrato de más de 120.000 millones de pesos en Air-e. Ni la Superservicios ni la interventoría han ofrecido explicaciones claras sobre las operaciones y cifras internas de la empresa.
Fuentes dentro del Ejecutivo no descartan que el ministro Palma, tras su regreso al país, solicite una revisión del nombramiento de Vásquez Torres o, al menos, una redefinición del rol que su cartera debe tener en las decisiones sobre la intervención.
En todo caso, el episodio revela una fractura en la coordinación institucional, en un momento donde se necesita claridad y unidad para evitar que la crisis energética en el Caribe se agrave aún más.
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