En la mañana del martes 10 de junio, tras haberse registrado múltiples atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el Estado Mayor Central de las Farc emitió un comunicado en el que hacen advertencias a la población civil porque harán más ataques, según se entiende en el texto.
Entre otras amenazas, le dicen a la población que, como su principal objetivo son los militares, se alejen de cuarteles, vehículos institucionales y personal de la Fuerza Pública.
“Si miran un carro acondicionado con explosivos o personal nuestro maniobrando drones, eviten acercarse o manipularlos, es por su seguridad”. se lee en la última recomendación, de diez que hay en el documento.
Además del uso potencial de tecnología no convencional, el documento contiene acusaciones reiteradas contra el Estado colombiano, al que señalan de promover la reactivación del conflicto mediante alianzas con fuerzas extranjeras, en particular con presencia militar de Estados Unidos en el país. También se denuncia una presunta expansión del paramilitarismo y la implementación de proyectos extractivos en territorios controlados por esta facción, lo que, según ellos, justificaría sus acciones armadas.
“La guerra contra las Farc EP es porque quieren perpetuar el paramilitarismo e impulsar megaproyectos en áreas donde nosotros hacemos presencia”, se lee en el texto.
En el texto se sugieren medidas de seguridad para los civiles, como evitar estaciones de policía, instalaciones militares y puntos de control, así como no colaborar con patrullas oficiales. También se plantea la hipótesis de que las Fuerzas Armadas podrían estar utilizando a civiles como escudos humanos, en una acusación que ha sido recurrente en la narrativa de estos grupos.
Aunque el comunicado se presenta como una guía para proteger a la población, su trasfondo evidencia una clara estrategia de intimidación. La inclusión de un código QR destinado a verificar la autenticidad del panfleto refleja una preocupación por consolidar su propaganda en un entorno cada vez más digital.
Este anuncio tiene implicaciones directas para la seguridad nacional, particularmente en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, donde el Estado Mayor Central ha fortalecido su presencia mediante el control de rutas del narcotráfico, cobros de extorsión y la imposición de normas paralelas a las del Estado. A pesar de los esfuerzos recientes de las Fuerzas Militares por retomar el control territorial y neutralizar a mandos medios y altos del grupo, el conflicto se ha mantenido activo y dinámico.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha emitido una posición oficial sobre el contenido del comunicado, aunque se prevé que las autoridades realicen evaluaciones de seguridad en las zonas que podrían estar en mayor riesgo.
La inclusión de drones explosivos en las amenazas insurgentes plantea nuevos retos para las capacidades defensivas del Estado colombiano. Además de reforzar las labores de inteligencia y vigilancia, se vuelve indispensable el diseño de estrategias que combinen una respuesta militar efectiva con acciones orientadas a la protección de la población civil, el fortalecimiento institucional en las regiones más vulnerables y la persistencia en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto.
Este nuevo episodio confirma que el conflicto armado en Colombia sigue adaptándose a las condiciones del presente, utilizando tecnologías modernas para reproducir lógicas de violencia antiguas. El desafío para el Estado radica en contener la amenaza sin escalar la confrontación ni aislar a las comunidades atrapadas entre los actores armados.
Autoridades ofrecen $300 millones por datos que conduzcan a los responsables de los ataques que dejan al menos cuatro muertos
Nueve municipios del suroccidente de Colombia han sido escenario de una serie de ataques con explosivos que han dejado al menos dos personas fallecidas y nueve más heridas, además de tensiones generalizadas en la población.
Las acciones violentas tuvieron lugar en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, incluidas ciudades como Cali, Buenaventura y Jamundí.
Según indicó la Tercera División del Ejército Nacional, estos hechos estarían relacionados con actividades conmemorativasde grupos armados organizados residuales liderados por alias Iván Mordisco, quienes supuestamente buscan conmemorar el tercer aniversario de la muerte de alias Mayimbú, abatido en junio de 2022.
En respuesta a la situación, el gobierno local ha ofrecido una recompensa de trescientos millones de pesos a quienes aporten información que conduzca a los responsables.
Más Noticias
Exministro de Justicia Wilson Ruiz asumió defensa de la familia de Jeisson Pinzón: joven con leucemia que no recibió medicamento
El abogado, excandidato al Senado por el partido de Salvación Nacional, indicó que irán hasta las últimas consecuencias en el caso del joven que murió en Boyacá y que llevaba meses sin su medicina esencial
Resultado Sinuano Día hoy 24 de marzo
Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día
Los colombianos tendrían que pagar una millonada si no se ajustan los subsidios que hay en los precios de la gasolina y el Acpm
El contexto internacional y la volatilidad del dólar presionan al Gobierno a replantear estrategias para mantener la viabilidad financiera, alertó Anif
Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Putumayo - EN VIVO: revelan los nombres de los 69 uniformados que fallecieron
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia
La Flip pidió acciones concretas ante denuncias de violencia de género en medios colombianos: “Nos solidarizamos con las víctimas”
Tras destaparse los señalamientos contra presentadores de Noticias Caracol y luego con comunicadores de otros medios y espacios informativos, el organismo demandó a los medios implementar políticas con enfoque de género y pidió a la Fiscalía evitar la revictimización e impunidad
