Hay indignación en Colombia por las órdenes de captura contra el embajador de Colombia en el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitidas por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala, José Rafael Curruchiche, estuvo detrás de la decisión tomada por el alto tribunal guatemalteco.
Velásquez, que fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Camargo, habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con el escándalo corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado rechazando la decisión: “Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.
Otros políticos colombianos se unieron a las críticas, entre ellos, el exministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, que en su cuenta de X señaló a la Fiscalía de Guatemala de estar politizada, lo que impediría un desarrollo imparcial de sus funciones.
“Sin consideraciones de política interna, el país debe rodear a la Fiscal General y al exministro de Defensa. Su trabajo en el CICIG en Guatemala fue serio y necesario, amparado por la ONU, por lo que goza de inmunidad. La politización de la Fiscalía de ese país es algo que no se puede ignorar”, escribió el exfuncionario.
La periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila criticó la postura del ex jefe de cartera, insinuando que podría estar influenciada por nexos irregulares que habría tenido el expresidente Juan Manuel Santos con la multinacional Odebrecht. Pues, Cárdenas ejerció como ministro durante la administración de Santos.
Según la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la empresa brasileña, inmersa en casos de corrupción actualmente investigados, habría aportado $3.540 millones a la campaña presidencial del exmandatario, así como también habría inyectado $3.045 millones a la campaña del ex candidato presidencial y exministro de Hacienda y Crédito Pública Óscar Iván Zuluaga.
“Hay que tener mano firme contra la corrupción. La justicia no puede ser solo para los de ruana, mientras los políticos de siempre se defienden y se encubren entre ellos. El 7 de agosto del próximo año, si las órdenes de captura permanecen, ese par de amigos suyos se van esposados en avión comercial a responder por sus presuntos delitos”, aseveró.
Asimismo, recordó que los acuerdos de cooperación suscritos entre países para luchar contra el crimen transnacional deben ser respetados. “Los vamos a derrotar y todos serán igual ante la ley. Así debe ser”, concluyó.
Velásquez y Camargo se pronunciaron
A través de su cuenta de X, el exministro de Defensa puso en duda las investigaciones y decisiones de la Fiscalía de Guatemala, haciendo énfasis en presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido. Asimismo, calificó los hechos como una persecución en su contra y en contra de la fiscal General de la Nación.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, escribió el funcionario.
Por su parte, Luz Adriana Camargo se pronunció en una rueda de prensa, recordando que está amparada por una figura de inmunidad que impide que se le expida una orden de captura internacional. Además, insistió en su inocencia, por lo que indicó que la “cobija la tranquilidad” ante la decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala.
“La lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”, añadió.
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