Durante el 3 de junio de 2025 se confirmó que Jerónimo Escobar Oyuela, el joven de 22 años que protagonizó un cuestionable episodio al volante en las calles de Ibagué, quedó en libertad, lo que generó preocupación por la actuación policial y el cumplimiento de los protocolos legales. De acuerdo con información publicada por el diario local El Olfato, la captura del implicado fue declarada ilegal debido a irregularidades en el procedimiento, lo que permitió que el conductor quedara libre pese a los daños ocasionados.
El hecho ocurrió el domingo 1 de junio, cuando Escobar, a bordo de un jeep rojo, impactó varios vehículos, entre ellos dos taxis y un automóvil particular, y luego huyó del lugar. Durante la persecución, el conductor habría utilizado un arma traumática y, al intentar evadir el cerco policial, chocó con una motocicleta de la Policía Metropolitana, provocando lesiones menores a dos uniformados.
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Ante la gravedad de lo sucedido se pronunció el secretario de Gobierno, Francisco Espín, que explicó que los hechos quedaron registrados en videos y que el implicado fue interceptado en el barrio El Vergel, donde ingresó a un conjunto residencial antes de ser capturado en flagrancia.

El joven quedó en libertad
Tras su detención, Escobar fue trasladado para exámenes de Medicina Legal y quedó a disposición de las autoridades. Inicialmente, se informó que el joven enfrentaría sanciones administrativas superiores a los $20 millones por infracciones de tránsito, además de procesos penales por daño en bien ajeno, daño en bien público y lesiones personales contra los policías afectados.
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El funcionario también señaló que la decisión sobre una posible condena de prisión dependería de la Fiscalía y del juez encargado del caso, en función de los cargos que se presentarían formalmente.
Sin embargo, El Olfato reportó que la captura de Escobar no se realizó conforme a los procedimientos legales, pues el joven fue interceptado por la Policía alrededor de las 9:40 a. m., pero no fue presentado ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía hasta cerca de las 5:00 p. m., lo que representa un incumplimiento de los tiempos legales para la legalización de la captura.
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Además, información extraoficial citada por el medio, indica que los uniformados no le leyeron sus derechos y, supuestamente, no tenían claridad sobre el delito por el cual lo estaban deteniendo.
Ante estas irregularidades, la captura fue declarada ilegal y Escobar quedó en libertad. A pesar de ello, la Secretaría de Movilidad de Ibagué le impuso una multa superior a los $28 millones por maniobras peligrosas, conducir en estado de embriaguez y otras infracciones graves al Código Nacional de Tránsito. El caso provocó indignación entre los habitantes de la ciudad y puso en tela de juicio la preparación y diligencia de algunos agentes policiales en este tipo de procedimientos.
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Debido a la gravedad del hecho, las autoridades de la capital tolimense aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la responsabilidad al volante y a la tolerancia, advirtiendo que comportamientos como el de Escobar ponen en riesgo a toda la comunidad.

Del mismo modo, se está a la espera de que se refuercen los dispositivos de seguridad que se activan de inmediato ante cualquier hecho que altere el orden público, debido a que la liberación de Escobar abrió un debate sobre la necesidad de mejorar los protocolos de captura y el rigor legal en operativos de alto impacto público.
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A pesar de que el joven no ha sido judicializado penalmente, el caso sigue bajo la atención de las autoridades administrativas y de la opinión pública. Escobar permanece en libertad, mientras enfrenta sanciones económicas; por su parte, la ciudadanía exige mayor rigor y profesionalismo en la actuación policial y en la aplicación de la ley en situaciones que afectan la seguridad y el bienestar de la comunidad.
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