
El nuevo Decreto 0572 de 2025, que eleva sustancialmente la tarifa de autoretención en la fuente para distribuidores minoristas de combustibles, encendió las alertas entre los empresarios del sector. Según la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), esta modificación, que incrementa el porcentaje del 0,55% al 1,20%, podría traducirse en una carga desproporcionada para muchas estaciones de servicio del país, especialmente en un contexto económico que ya es complejo.
David Jiménez Mejía, presidente del gremio, fue enfático al señalar que esta decisión del Gobierno impactará negativamente en la operación de cientos de estaciones, cuya estabilidad financiera podría verse comprometida. “Tenemos serias inquietudes con esta sustitución de la norma, específicamente por el incremento en más del doble del porcentaje para la distribución al por menor de combustibles líquidos en el país, que representa una afectación sensible y fuerte para las estaciones de servicio”, dijo.
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Para el dirigente gremial, no se trata simplemente de una cifra más en la hoja de cálculo. El efecto concreto será una disminución considerable de la liquidez, lo que amenaza con llevar a muchas empresas a un punto de no retorno. “Esta medida impactará directamente en la liquidez y la estabilidad financiera de nuestros afiliados, poniendo en riesgo su operación y sostenibilidad en un contexto ya de por sí desafiante”, añadió.
El decreto, que empezará a regir el próximo mes, fue justificado por el Ejecutivo como una respuesta a la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. No obstante, desde Comce consideran que esa explicación no basta. “El fundamento del decreto, según lo afirma el propio gobierno, es la falta de recursos, una justificación que consideramos insuficiente y que no puede ser utilizada para imponer una medida que afecta de manera tan severa a un sector que presta un servicio público esencial en el país como son las estaciones de servicio”, enfatizó Jiménez Mejía.
Además, el presidente de Comce comparó la estrategia fiscal del Gobierno con una solución cortoplacista que podría agravar los problemas financieros tanto del Estado como de las empresas privadas. “Como lo han manifestado desde otros sectores, consideramos que esta medida es como pagar obligaciones con un avance de la tarjeta de crédito, lo que resulta en una práctica irresponsable tanto con las finanzas públicas como para el sector productivo del país, ya que en el próximo año se perderá ese ingreso y se generará un saldo a favor que será difícil de recuperar”.

Desde el gremio aseguran que muchas estaciones de servicio no proyectan utilidades para este año, por lo que el nuevo porcentaje de autoretención se convertiría, en la práctica, en un anticipo imposible de compensar. En esos casos, explican, se generaría un saldo a favor que, por la vía de la devolución, representa trámites costosos, demorados y con resultados inciertos frente a la Dian. Incluso hay estaciones, especialmente en zonas rurales o apartadas, que enfrentan dificultades adicionales por la falta de personal contable capacitado y recursos para asumir estos procesos.
En paralelo a las declaraciones públicas, Comce ya inició un análisis jurídico y técnico de la medida, con el fin de estudiar acciones que permitan mitigar sus efectos. La organización también busca interlocución con entidades del Gobierno para discutir alternativas que equilibren la necesidad fiscal del Estado con la supervivencia de un sector que, en sus palabras, “es esencial para garantizar la movilidad y el abastecimiento en todo el territorio nacional”.

Finalmente, el gremio reiteró que seguirá en defensa de sus afiliados y de las condiciones que permitan que las estaciones de servicio puedan continuar operando sin que decisiones impositivas desequilibradas terminen por asfixiarlas.
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