
Un grave ataque contra el Ejército Nacional, que se registró el domingo 27 de abril de 2025, en el departamento de Guaviare, generó alarma y consternación en el país. Según los reportes, el incidente habría dejado un saldo preliminar de al menos nueve soldados muertos y 10 más secuestrados; es de precisar que estas cifras no han sido confirmadas oficialmente.
El hecho se desarrolló como parte de un contexto de violencia creciente, atribuida a los grupos armados ilegales que operan en la región, que habrían intensificado sus acciones, bajo un denominado plan pistola dirigido contra miembros de la fuerza pública.
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De acuerdo con un comunicado emitido por el Ejército, o, un pelotón del Batallón de Infantería N.° 22 Joaquín París de la Brigada 22, encargado de la seguridad de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras, fue por integrantes de la estructura John Linares, del grupo armado organizado residual Jorge Suárez Briceño.
Por el momento se conoce que una comisión, liderada por el general Erick Rodríguez Aparicio, jefe de Operaciones de la institución, y el general Olveiro Pérez, inspector del Ejército; salió hacia San José del Guaviare donde se encuentra el puesto de mando de la Brigada 22 para verificar los hechos e iniciar con las pesquisas correspondientes.
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“De manera inmediata, el Comando del Ejército ordenó el despliegue de tropas de apoyo y activó todas las capacidades de inteligencia, movilidad aérea y operacionales en la región para reforzar la maniobra militar en el área”, detalló la autoridad militar en el comunicado.

Según la institución, la situación se encuentra en desarrollo. “Seguimos firmes en nuestra misión de proteger a la población y preservar la seguridad en el territorio nacional”, concluyeron.
Es preciso destacar que el GAO Residual Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá, ha generado una fuerte conmoción en el país, especialmente porque esta estructura hace parte de las Disidencias de las Farc y, al mismo tiempo, participa en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total. El incidente pone en entredicho los avances de este proceso y evidencia los desafíos de negociar con grupos armados activos.
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El ataque ocurrió en una zona rural de Guaviare, donde un grupo de militares se encontraba desplegado. Hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con los soldados que permanecen desaparecidos.
Cabe mencionar que la emboscada se suma a una serie de hechos violentos que han cobrado la vida de al menos 18 miembros de las fuerzas armadas en el desarrollo de un llamado plan pistola, presuntamente ordenado por las disidencias de las Farc.
Tras lo sucedido, importantes figuras de la política colombiano mostraron su rechazo al ataque e increparnos al presidente Gustavo Petro, que hasta ahora, no ha emitido ningún pronunciamiento. “Mientras usted rinde “homenajes” a los criminales del M-19 los terroristas de las FARC asesinaron a nueve soldados y secuestraron a 10 más en el Guaviare", expresó la senadora María Fernanda Cabal, mediante X.
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Por su parte, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui lamentó el reciente atentado: “Duele en el alma ver cómo nuestros héroes siguen siendo asesinados, mientras los criminales responsables gozan hoy de la protección del gobierno. Colombia, una vez más, al borde de convertirse en un Estado fallido”.

En medio de la crisis, el procurador general Gregorio Eljach emitió un llamado urgente al Ministerio de Defensa, a la cúpula militar y al director de la Policía Nacional para que se adopten medidas inmediatas que permitan restablecer el orden público en el país. Eljach subrayó la necesidad de implementar estrategias de inteligencia y operativos que permitan identificar y capturar a los responsables de estos ataques.
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“Es fundamental que se adopten acciones de inteligencia e investigación criminal de manera inmediata, con el objetivo de recuperar el orden público en todo el territorio y prevenir la repetición de estos hechos”, expresó el procurador. Este llamado se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en varias regiones del país, donde los grupos armados ilegales han intensificado sus acciones violentas.
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