Informe de la Unión Europea dejó al descubierto las fallas más graves de Colombia en derechos humanos

La violencia armada, el éxodo forzado y el abandono institucional siguen marcando la realidad de miles de colombianos y migrantes en el país. Así lo reveló un informe de ProLAC, una plataforma financiada por la Unión Europea que evalúa la situación humanitaria en nueve países de América Latina. En su capítulo dedicado a Colombia, el documento evidenció el aumento del desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y el trato discriminatorio hacia migrantes, problemas que se profundizaron en el último trimestre.

Uno de los datos más alarmantes es la magnitud del desplazamiento interno. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, se reportaron “17 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 59.900 personas”. El informe destacó que la situación más crítica se presentó en el Catatumbo, donde la escalada de violencia entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc produjo una emergencia humanitaria sin precedentes. Mientras fuentes oficiales hablan de más de 60.000 personas desplazadas, ProLAC documentó al menos 40.000, señalando además el “retorno forzado” de población venezolana que residía en la zona.

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A nivel regional, Colombia concentra el 69% del total de desplazamientos reportados, muy por encima de Guatemala (15%) y Venezuela (7%). La mayoría de estos casos se registraron en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Arauca. En total, se contabilizan 1.291 hogares desplazados, sumando 5.073 personas. De ellas, el 51% son mujeres, niñas y adolescentes.

La exclusión y discriminación hacia la población migrante también ocupan un lugar central en el análisis. “El 38% de los hogares en destino que experimentaron algún abuso o violación de derechos señalaron haber sufrido estigmatización, prácticas discriminatorias o xenofobia, siendo este el abuso más reportado por las personas en destino”. En el caso de Colombia, este porcentaje se sitúa en el 37%.

Además de los rechazos sociales, se documentaron situaciones extremas de vulneración. “En la zona fronteriza de Colombia hay que pagar para pasar. Después de las 8:00 p. m. ya no hay paso… Hace 15 días murió una adolescente por un embarazo de alto riesgo. El esposo no tenía cómo pagar el transporte y ella se demoró en su parto… se aguantó y amaneció muerta”, relató una fuente en La Guajira.

El informe también hizo mención de la violencia ejercida contra menores, en particular el reclutamiento forzado. Desde 2019, ProLAC reportó más de 1.000 casos en Colombia y todo apunta a que la tendencia ha ido en aumento. “En este momento, el reclutamiento está desbordado entre indígenas, campesinos y población migrante. Y ese es el gran problema: a esta población nadie la reclama”, explicó uno de los entrevistados. La ONU Derechos Humanos alertó además sobre una nueva estrategia, los grupos armados están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para atraer a los menores. “El 11% sigue siendo ingresado a las filas mediante coerción directa”.

En paralelo, aunque el estudio no incluyó en su monitoreo el confinamiento, advirtió que se volvió una táctica de control territorial frecuente en varias zonas del país, donde comunidades enteras viven atrapadas sin poder salir por miedo a represalias.

Pese a este panorama, Colombia también es el país con mayor proporción de víctimas que intentaron activar rutas institucionales. “Esto debe entenderse como que lograron presentar una denuncia, no necesariamente que hayan recibido una respuesta”, aclaró el informe. Según los datos, el 74% de los desplazados manifestó haber acudido al sistema de justicia.

Finalmente, ProLAC advirtió que “el recrudecimiento de las dinámicas de la violencia interna” en Colombia agrava los riesgos de protección y multiplica las crisis humanitarias. Las cifras, los testimonios y las omisiones institucionales retratan un país donde el conflicto sigue mutando, arrastrando consigo a miles de víctimas invisibles.