Entre 2019 y 2023, la Nueva EPS habría dejado de procesar cerca de 14 millones de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con las que mantenía relaciones contractuales, lo que generó una distorsión en sus estados financieros.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al expresidente de la entidad, José Fernando Cardona Uribe, y a tres exdirectivos más, por su presunta participación en el ocultamiento de estas facturas y en el desvío de más de 70.500 millones de pesos colombianos, según informó Caracol Radio.
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De acuerdo con la Fiscalía, esta omisión permitió que la Nueva EPS presentara una imagen financiera favorable ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), evitando así una intervención que, según las autoridades, debió haberse llevado a cabo mucho antes de 2024.
Los estados financieros habrían sido manipulados para reflejar utilidades inexistentes, lo que habría permitido a la entidad continuar operando en el sistema de salud colombiano, pese a registrar pérdidas significativas.
El expresidente José Fernando Cardona Uribe, quien lideró la Nueva EPS desde 2009 hasta principios de 2024, enfrenta acusaciones por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.
Junto a él, fueron imputados Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
Estos tres últimos también enfrentan cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.
Según detalló la Fiscalía, los estados financieros de la Nueva EPS, firmados por Cardona Uribe y Pedraza Castellanos, habrían reportado una actividad económica que no correspondía a la realidad de la entidad. Esta información falsa habría sido utilizada para convencer a la Supersalud de que la EPS cumplía con las condiciones necesarias para seguir operando, cuando en realidad enfrentaba pérdidas millonarias.
El ocultamiento de las facturas y la manipulación de los estados financieros no solo habrían evitado la intervención de la Supersalud, sino que también habrían permitido a la Nueva EPS apropiarse de más de 70.500 millones de pesos. Según el fiscal anticorrupción encargado del caso, estos recursos fueron utilizados para aparentar eficiencia en la gestión, absorber pérdidas y mantener o incluso incrementar el patrimonio de la EPS entre 2019 y 2023.
El fiscal señaló que, pese a los indicadores financieros negativos, los directivos de la Nueva EPS habrían solicitado autorización para disponer de recursos inexistentes. Además, se les acusa de no informar a la junta directiva ni a la asamblea de accionistas sobre la verdadera situación económica de la entidad.
La Fiscalía destacó que, de haberse conocido la realidad financiera de la Nueva EPS, la Supersalud habría intervenido la entidad mucho antes de 2024, año en el que finalmente se llevó a cabo dicha medida. Según las autoridades, los directivos habrían maquillado los estados financieros para evitar esta intervención y garantizar la continuidad de la EPS en el sistema de salud colombiano.
En palabras del fiscal anticorrupción, “se tenían indicadores negativos y, pese a ello, se suscribieron y presentaron estados financieros con información falsa”. Además, se afirmó que el expresidente Cardona Uribe, en su calidad de representante legal y ordenador del gasto, tenía la responsabilidad de informar a la junta directiva y a la asamblea sobre la situación real de la EPS, pero no lo hizo.
Durante la audiencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Asimismo, la juez del caso rechazó la solicitud de la Fiscalía de enviar a tres de los acusados a prisión preventiva. Según el fallo, el fiscal no logró demostrar que los imputados representaran un peligro para la sociedad o que pudieran obstruir el curso de la justicia.
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