Acopi culpó al Gobierno de Gustavo Petro en caso de un apagón a nivel nacional

La crisis energética que enfrenta Colombia podría derivar en un apagón eléctrico y financiero, según las alarmantes declaraciones de César Uparela, directivo de Acopi, el gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Y es que de acuerdo con las proyecciones de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, las deudas acumuladas por el Gobierno nacional con los actores de la cadena energética, relacionadas con la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, han puesto en riesgo la estabilidad del sector.

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En una salida a medios en la mañana del martes 8 de abril de 2025, Uparela responsabilizó directamente al Gobierno por la situación actual, señalando que la falta de recursos podría llevar a un colapso en la generación de energía.

“El Gobierno es el responsable de lo que pueda ocurrir en razón a la alta deuda que tiene con toda la cadena (…) si las empresas no tienen para cubrir sus gastos de operación naturalmente no puede haber generación de energía, y llegará el momento en que vienen los racionamientos programados y después de ello lo que nos espera es el apagón, como ocurrió en el año 92″, afirmó el dirigente gremial.

El directivo de Acopi detalló que el Gobierno adeuda actualmente $3,5 billones de pesos por concepto de opción tarifaria, mientras que los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 acumulan una deuda de $2,5 billones.

Sumado a esto, las obligaciones con los generadores de energía elevan el total de la deuda a $7,5 billones. Según Uparela, estos recursos deben provenir del presupuesto nacional, ya que la Constitución establece que el Gobierno es el responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos, incluso cuando estos sean operados por privados bajo la Ley 142 de 1994.

El impacto de estas deudas no solo afecta a las empresas generadoras, sino también a las plantas térmicas, que son fundamentales para respaldar la generación de energía en el país. Uparela advirtió que estas plantas podrían quedar sin capacidad para adquirir combustible, lo que comprometería aún más la oferta energética.

“Sin dinero no se soluciona absolutamente nada. En este momento la oferta de energía en el país está en el orden de los 240 gigavatios hora-día y el consumo está por el orden de los 232 gigavatios hora-día. Quiere decir que tenemos un delta muy pequeño de 8 gigavatios hora-día, que en términos porcentuales es solo un 3%”, explicó.

Otro factor que agrava la crisis es el estancamiento de proyectos de generación de energía debido a la falta de licenciamiento ambiental. Según Uparela, varias subastas realizadas hace tres años no han logrado materializarse porque los proyectos no han recibido las autorizaciones necesarias.

Además, el directivo mencionó que no se han alcanzado acuerdos con las comunidades afectadas y que la construcción de la línea colectora en La Guajira sigue sin avanzar. Esta situación ha llevado a que algunos inversionistas privados abandonen el país, dejando proyectos listos sin posibilidad de ejecución.

Frente a ello, el directivo recalcó que estos problemas son responsabilidad del Gobierno, ya que los retrasos en los permisos y la falta de soluciones para los conflictos con las comunidades han obstaculizado el desarrollo de infraestructura clave para el sector energético.

“Los privados han tenido que dejar los proyectos ya listos e irse del país”, lamentó.

El dirigente gremial insistió en que la solución pasa por garantizar los recursos necesarios para saldar las deudas del sector y asegurar la continuidad del servicio. “Esta situación se soluciona es con dinero, de lo contrario se tendrá un apagón financiero y físico”, enfatizó.

En sus declaraciones, Uparela reiteró que el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. Aunque la participación de privados en el sector está regulada por la Ley 142 de 1994, la responsabilidad última recae en el Estado.

“El Gobierno es el responsable, así sea un privado, de la prestación del servicio de energía eléctrica, de todos los servicios públicos”, sentenció.