Durante el foro sobre los riesgos asociados a las tarifas de energía y gas, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre la posibilidad de un apagón que afectaría a cerca de diez millones de personas en la costa Atlántica.
Según lo expuesto, el incumplimiento en el pago de los subsidios por parte del gobierno ha generado serias dificultades financieras para las empresas encargadas de prestar el servicio, lo que pone en peligro la continuidad del suministro eléctrico en la región.
Rodríguez señaló además que en la última década la demanda de subsidios para el sector energético ha crecido un 44 %, lo que ha intensificado la presión sobre las finanzas públicas.
Esta situación, sumada a los retrasos en los pagos a las empresas prestadoras del servicio, incrementa el riesgo de un apagón que podría afectar a millones de personas en la Costa Atlántica.
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, expresó en dicho foro su preocupación por las dificultades que atraviesa el sector energético debido a los retrasos en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía a las empresas prestadoras del servicio. Según Rodríguez, esta situación pone en peligro la estabilidad del sistema eléctrico en algunas regiones del país al advertir que hay “riesgos en la continuidad de la prestación del servicio de energía por el retraso en el pago de subsidios a empresas prestadoras de servicio público de energía”.
También advirtió durante su intervención sobre el riesgo latente de un posible racionamiento e incluso la interrupción del servicio de energía en varias regiones del país, afectando a más de 10 millones de personas. Entre las zonas más vulnerables mencionó a la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño en el Vichada, las cuales ya han enfrentado situaciones críticas en el suministro eléctrico.
“Esta situación lo hemos manifestado y considero que ha sido la primera entidad en expresarlo, que puede derivar en un inminente riesgo de racionamiento e incluso, más grave, la interrupción en la prestación del servicio de la energía a más de 10 millones de personas, incluida la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño en Vichada, que nos ha tocado vivirlo ya de manera primaria”, comentó en el evento antes mencionado el líder de la Contraloría General de la República.
El contralor general, resaltó de igual manera durante su intervención la importancia de intensificar las acciones de control fiscal para monitorear de manera más efectiva el manejo de los fondos del esquema de solidaridad. Según indicó, este fortalecimiento busca detectar posibles riesgos de corrupción y prevenir la pérdida de recursos públicos asociados a los subsidios de energía. “Resulta especialmente importante debido a la confluencia de múltiples problemas en los controles que actualmente existen en el Ministerio de Minas y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros”, dijo el titular de la entidad.
Ante la preocupación por los retrasos en los giros de los subsidios de energía y su impacto en la seguridad energética del país, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, destacó en su intervención la labor de una mesa de trabajo conjunta en la que participan la Procuraduría General y los ministerios de Minas y Hacienda. Esta iniciativa surge del seguimiento que realiza la Contraloría a la función de advertencia emitida previamente al Ministerio de Minas y Energía sobre los riesgos asociados a esta problemática.
Entre 2024 y 2025, la Contraloría General de la República ha emitido varias alertas advirtiendo sobre las consecuencias de los retrasos en los pagos de subsidios de energía. Estas demoras impactan directamente a las empresas prestadoras, en su mayoría públicas, dificultando su operación y la prestación del servicio. Además, esta situación podría traducirse en incrementos tarifarios, afectando principalmente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de estos subsidios para acceder al servicio eléctrico.
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