Personero de Cali aseguró que no permitirán que el suroccidente colombiano “sea el segundo Catatumbo”

En medio de la Asamblea de Personeros del Valle del Cauca y Cauca, celebrada en Cali durante este miércoles y jueves, se alzaron voces de alerta frente a la inseguridad y las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en la región. Dicho encuentro reunió a 80 personeros de ambos departamentos, quienes solicitaron al Gobierno nacional garantías para ejercer su labor sin riesgos para su integridad.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, expresó su preocupación por los recientes episodios de alteración del orden público en el suroccidente colombiano. Durante su intervención, Mendoza enfatizó que no se puede permitir que la región se convierta en un escenario similar al del Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico.

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“No vamos a permitir que el suroccidente se convierta en un segundo Catatumbo, eso no lo vamos a permitir, y somos nosotros los garantes de los derechos humanos para que este tipo de situaciones no afecten nuestro territorio, nuestra geografía y mucho menos afecte a nuestra población civil”, afirmó Mendoza.

Así mismo, en su intervención, Gerardo Mendoza hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se tomen medidas concretas frente a la situación de inseguridad que afecta al Valle del Cauca y Cauca.

Propuso la instalación de una mesa técnica con la participación del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, además de los personeros de ambas regiones. E mesa tendría como objetivo evaluar las circunstancias que aquejan a los territorios y diseñar estrategias para prevenir una escalada del conflicto.

“Debemos hacer una reunión conjunta para evaluar todas y cada una de las circunstancias que aquejan nuestro territorio, especialmente lo que atañe con la seguridad, con el orden público y con el escalonamiento del conflicto”, señaló Mendoza.

La propuesta buscaría articular esfuerzos entre las instituciones para garantizar la protección de los derechos humanos y evitar que la situación de violencia se agrave.

Por otra parte, los asistentes expresaron su preocupación por las amenazas y los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones. Los 80 personeros presentes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno nacional brinde protección efectiva a los defensores de derechos humanos en los territorios.

La inseguridad y las intimidaciones no solo ponen en peligro la vida de estos funcionarios, sino que también dificultan su labor de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades.

Los funcionarios reiteraron su compromiso de actuar como garantes de los derechos humanos, pero recalcaron que necesitan el respaldo del Estado para cumplir con esta misión en condiciones seguras.

Y es que la preocupación expresada por los personeros se refleja en un contexto de creciente violencia en el suroccidente del país. Los recientes hechos de alteración del orden público han generado temor entre las comunidades y han puesto en evidencia la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades.

Además, el Catatumbo es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, con presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos. La advertencia de que el suroccidente podría convertirse en un “segundo Catatumbo” recalca la importancia de actuar de manera preventiva para proteger a las comunidades y garantizar la estabilidad en la región.

A pesar de los desafíos, los personeros de Valle del Cauca y Cauca reafirmaron su compromiso de trabajar por la defensa de los derechos humanos en sus territorios. De hecho, los asistentes a la asamblea destacaron la importancia de mantener la unidad y la colaboración entre las instituciones para enfrentar las problemáticas de seguridad y garantizar la protección de las comunidades.