Condenan a fiscal colombiano por favorecer a los secuestradores de político opositor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en Bogotá en 2012

Fernando Balda, líder político y opositor al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, fue secuestrado el 13 de agosto de 2012, en el norte de Bogotá.

El caso revivió en 2025, debido a que el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la fiscal encargada de llevar a la cárcel a los secuestradores terminó favoreciéndolos.

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Se trata de Consuelo Montañez, quien, según los magistrados del tribunal, incumplió con sus responsabilidades en el proceso que se adelantaba contra los secuestradores. Según la decisión del tribunal, Montañez llegó a un acuerdo con los detenidos y su defensa sobre la mejor forma de finalizar el caso, lo que resultó en una reducción de la condena.

Según el expediente contra la fiscal de 68 años, dos de los secuestradores de Balda fueron representados por la abogada Judy Ospina Guzmán y logró negociar un preacuerdo con la fiscal Montañez.

El preacuerdo entre las partes consistía en que los dos secuestradores pagaran una pena de seis años de prisión si reconocían su responsabilidad en el secuestro del político opositor. A cambio, la Fiscalía reconocería la liberación de Balda de manera voluntaria.

De acuerdo con el expediente, los secuestradores no estuvieron de acuerdo con la pena, motivo por el cual la fiscal aseguró que podría llegar a un nuevo acuerdo, ofreciendo una pena de 48 años de prisión, pero para conseguirlo otro abogado debía representar al líder político.

La defensa de Fernando Balda terminó siendo la abogada Ospina Guzmán; sin embargo, la víctima nunca autorizó que fuera de esa forma.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión a Consuelo Montañez por fraude procesal y prevaricato. Además, la inhabilitó por ocho años y siete meses para ejercer funciones públicas.

“La entonces fiscal dejó de lado su rol como funcionaria. Su verdadero objetivo era obtener beneficios para los secuestradores”, afirmó el tribunal.

Además, aseguraron que la actitud dolosa de la fiscal Montañez de engañar a los jueces quedó demostrada desde 2012, cuando presentó la denuncia por secuestro.

La defensa de Consuelo Montañez apeló la decisión del Tribunal y espera que la Corte Suprema de Justicia revoque la condena por su favorabilidad hacia los secuestradores de Fernando Balda.

El incidente ocurrió cuando Balda, quien había sido un prominente opositor al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, fue interceptado por varios individuos mientras se encontraba en la capital colombiana.

Balda había solicitado asilo en Colombia tras haber sido procesado por la justicia ecuatoriana por su papel en la denuncia sobre la corrupción en el gobierno de Correa. En su huida a Colombia, Balda había mantenido una posición crítica frente al gobierno de Quito, lo que generó una serie de tensiones políticas en la región.

El secuestro, que fue llevado a cabo por agentes ligados al servicio de inteligencia ecuatoriano, según reportes de las autoridades colombianas, ocurrió en un contexto de represalias por sus denuncias. El plan fue desarticulado cuando las autoridades colombianas, con la cooperación de organismos internacionales, lograron rastrear la operación y liberar a Balda a las pocas horas del hecho.

El caso desató una serie de denuncias sobre la intervención de Ecuador en territorio colombiano y las prácticas de espionaje utilizadas por el gobierno ecuatoriano contra sus opositores. Colombia, a través de su gobierno y organismos de seguridad, expresó su rechazo a la violación de su soberanía, mientras que el incidente afectó las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El secuestro de Fernando Balda no solo fue un hecho relevante en la política de la región, sino que también evidenció los métodos empleados por algunos gobiernos latinoamericanos para silenciar a sus críticos, lo que se convirtió en un punto de tensión en las relaciones bilaterales de Ecuador y Colombia.