Tras filtrarse una imagen en la que funcionarios de la Dirección Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) eran convocados para participar en las movilizaciones sociales que se realizan el martes 18 de marzo de 2025, la entidad respondió a los cuestionamientos hechos por varias figuras políticas frente a este asunto.
En declaraciones a Red+ Noticias, el Icbf aseguró que se abrirá una investigación correspondiente para indagar sobre las razones que llevaron a Edgar Quevedo Moreno, director encargado de la regional en Antioquia, a dirigir dicha comunicación a los funcionarios.
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De igual forma, la entidad mencionó que en una primera revisión de dicho correo no se contempla que la asistencia del personal del Icbf a las movilizaciones en el departamento de Antioquia sean de carácter obligatorio, por lo que precisó que la asistencia de los funcionarios a las marchas son voluntarias.
“Estamos averiguando la situación, básicamente en el texto no hay ninguna obligatoriedad, pero esto está sujeto a la interpretación y estamos aclarando la situación (...) si bien el correo se presta a una interpretación subjetiva, vamos a aclararlo, sobre todo a quienes les llegó el correo”, informó el Icbf al citado medio de comunicación.
Piden investigación por parte de la Procuraduría
La denuncia fue revelada por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en la que se observa la presunta convocatoria firmada por el director encargado de la sección regional de Antioquia, Edgar Quevedo Moreno, con fecha del lunes 17 de marzo de 2025 y enviado a las 6:31 p.m.
“Cordial saludo respetados contratistas, mañana los espero en la marcha en los puntos de concentración definidos para Medellín, para los centros zonales de afuera vincularse en las de su área. Gracias”, se lee en la comunicación.
Tan pronto se reveló esta correspondencia, varios líderes políticos colombianos expresaron su rechazo ante el posible uso de recursos públicos para asistir a manifestaciones sociales. El mismo congresista Polo Polo calificó el hecho como una “falta de respeto” y pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
“Así usa este gobierno al Bienestar Familiar, para hacer politiquería. Miles de niños muriéndose de hambre en el país y usan los recursos de la entidad para promover marcha petrista. Señores de la Procuraduría General de la Nación, esperamos que tomen acciones concretas. Es una falta de respeto que directivos y altos funcionarios del gobierno envíen correos desde plataformas Institucionales presionando a contratistas para que asistan a la marcha de Petro. Las intuiciones no son para esto”, explicó el parlamentario en su cuenta de X.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) cuestionó que se utilicen las instituciones públicas para movilizaciones a favor del Gobierno de Gustavo Petro.
“¿Qué espera la Procuraduría General de la Nación para abrir investigaciones contra los funcionarios del gobierno Petro que están abusando de su poder en las instituciones públicas para presionar a empleados y contratistas a marchar a su favor? Esto no es una manifestación legítima, es una movilización politiquera”, comentó.
Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó al director encargado, al considerar que los funcionarios del Icbf deberían servir a la ciudadanía, como por ejemplo, la ejecución de los contratos de alimentación en el departamento.
“Al director encargado del Icbf en Antioquia le corresponde es poner a “marchar” los contratos de alimentación para los 190 mil niños en el Departamento. Esa tarea se tomó más tiempo de lo previsto y, a hoy, está incompleta”, expresó el mandatario departamental en la red social.
La Procuraduría General de la Nación, como órgano encargado de vigilar la conducta de los servidores públicos, podría desempeñar un papel crucial en la resolución de este caso. Si se comprueba que hubo un uso indebido de recursos públicos o una vulneración de la neutralidad política, podrían derivarse sanciones para los responsables.
Por ahora, la denuncia sigue generando reacciones en distintos sectores, mientras se espera una respuesta oficial que aclare los hechos y determine las posibles consecuencias legales y administrativas.
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