El Partido Conservador denunció públicamente amenazas de muerte contra los ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia negativa de la reforma laboral promovida por el Gobierno. La colectividad exigió a las autoridades garantizar medidas de seguridad para los legisladores y rechazó la persecución política contra quienes han expresado una postura crítica frente a la iniciativa.
A través de un comunicado oficial, el partido condenó las intimidaciones y descalificaciones dirigidas a los senadores Nadia Blel, Esperanza Andrade, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Berenice Bedoya, Ana Paola Agudelo, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, quienes firmaron la ponencia que detuvo el avance de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro.
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“Desde el Partido Conservador rechazamos y condenamos las amenazas de muerte, intimidaciones y descalificaciones personales de las cuales están siendo víctimas los ocho congresistas de la Comisión VII”, expresa el documento. La colectividad subrayó la importancia de garantizar la libertad de opinión y la independencia del Congreso, enfatizando que “en una democracia existe el derecho a opinar y fijar posiciones de manera libre, pero en el marco del respeto y la verdad”.
“Hoy exigimos a las autoridades brindar todas las medidas de seguridad para los congresistas dentro y fuera del capitolio. NO se puede tolerar una persecución por tener posiciones contrarias al Gobierno, por ello, reiteramos nuestro llamado a que se permita el debate libre e independiente en los próximos días. La sociedad debe rechazar las vías de hecho, la violencia verbal, física o las amenaza que afecte el ejercicio democrático del legislativo“, agregaron.
El comunicado también advierte sobre una campaña de desprestigio que, según el partido, busca “minar la dignidad del contrario o restarle criterio a sus decisiones, como lo han hecho con las senadoras de este grupo, por el hecho de ser mujeres”. Frente a este panorama, exigieron medidas de seguridad para los congresistas afectados y rechazaron cualquier tipo de persecución por diferencias ideológicas.
Y es que la decisión de archivar la reforma laboral ha sido celebrada por sectores de oposición e independientes, pero ha generado una dura respuesta por parte del Gobierno. El presidente Gustavo Petro, en su estrategia por revivir la propuesta, ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la aprobación del proyecto.
El Gobierno ha defendido la reforma laboral como un mecanismo para mejorar las condiciones de los trabajadores y fomentar la formalización del empleo. No obstante, el Partido Conservador argumenta que la iniciativa tendría efectos contraproducentes, estimando que generaría la pérdida de 500.000 empleos y afectaría gravemente a pequeños y medianos empresarios.
“Desde el Partido Conservador, seguiremos respaldando la decisión firme de pedir el archivo de una reforma laboral que no promueve la formalización y no tiene fuentes de financiamiento”, subrayó la colectividad en el comunicado.
Denuncias y acusaciones cruzadas
En medio de esta polémica, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, denunció públicamente a la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, por sus presuntas influencias dentro del Congreso.
A través de su cuenta en X, Ávila compartió una investigación de Cuestión Pública que detalla los nexos familiares y empresariales de la congresista y su papel en el hundimiento de la reforma laboral. El senador acusó a Blel de bloquear el debate de la reforma, señalándola como una de las figuras clave en su archivo. “Aunque intenten censurar los debates y la verdad, acá les estaré dejando algunos informes de los clanes políticos en Colombia. El primero es el de la familia Blel”, escribió el congresista, haciendo referencia a los vínculos de la familia de la senadora con escándalos de parapolítica.
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