Desde el próximo lunes 10 de marzo en la capital de Austria se llevará a cabo la versión 68 de Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde Colombia expondrá el trabajo que viene realizando en los territorios donde se siembra hoja de coca, donde aseguraron que se está transformando para reducir la influencia criminal entre las comunidades que residen allí.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la delegación nacional la encabezará la canciller Laura Sarabia; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la embajadora en el país europeo Laura Gil, quienes se encargarán de presentar en el evento del organismo multilateral “la visión del Gobierno Nacional”.
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Entre lo que tienen preparado para ese evento, señalaron que contarán con “ocho paneles temáticos” de los que destacaron:
- Pilares de Oxígeno y Asfixia de la Política Nacional de Drogas: una estrategia integral que combina el desarrollo rural y la reducción de vulnerabilidades con el desmantelamiento de redes criminales, con el objetivo de disminuir la influencia del narcotráfico en territorios vulnerables.
- Impacto ambiental de las economías ilícitas y la necesidad de estrategias sostenibles para mitigar y restaurar los daños ecológicos asociados al narcotráfico.
- Enfoque de género y diferencial, desde lo étnico, en la formulación de políticas antidrogas, garantizando la participación y el respeto por el conocimiento y las tradiciones ancestrales.
- Reducción de riesgos y daños, desde el abordaje de salud pública, con un enfoque de derechos humanos que desestigmatiza a personas usuarias de sustancias y avanza hacia la disminución de vulnerabilidades, desde la integralidad del consumo.
Entre otros temas como el de los usos ancestrales del uso de la hoja de coca con las comunidades indígenas colombianas.
Se debe recordar que la apuesta del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, es la de no criminalizar a los cultivadores, y perseguir a los jefes narcotraficantes, con la destrucción de los laboratorios para la elaboración del estupefaciente.
Precisamente, con la crisis humanitaria en el región del Catatumbo (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela, donde el ELN y una disidencia de las Farc se disputan la ruta del narcotráfico por el hermano país, el Gobierno Nacional trabaja para pagar hasta el 90 % de un salario mínimo mensual vigente a los campesinos que reemplacen el cultivo de uso ilícito.
Se espera también que la delegación colombiana apoye a Bolivia en la propuesta de descriminalización de la hoja de coca, el otro gran productor del cultivo ilícito.
Precisamente ese fue uno de los temas que trabajaron tanto Petro como su homólogo del país andino, Luis Arce, durante el encuentro que sostuvieron en Uruguay, tras la posesión del nuevo presidente Yamandú Orsi en esa nación del Cono Sur.
Colombia, además, se unió a la iniciativa de Bolivia, promovida desde 2023, cuyo objetivo es modificar el estatus legal de la hoja de coca dentro de la Convención de Estupefacientes de 1961. Además, busca resaltar la importancia y los beneficios de esta planta milenaria en su estado natural.
Este respaldo fue valorado por el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, quien expresó a través de un comunicado oficial publicado en agosto del año pasado: “La voluntad de Colombia de apoyar nuestra solicitud es un gesto significativo que no solo fortalece nuestro esfuerzo, sino que también resalta la importancia de la cooperación regional en temas de salud y derechos culturales”.
La hoja de coca, históricamente, ha sido un elemento cultural y medicinal clave en la región andina. Sin embargo, su inclusión en la Lista 1 de la Convención, junto a sustancias catalogadas como peligrosas y propensas al abuso, ha sido motivo de controversia.
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