Proceso contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara debe ser público, pidió la senadora Paola Holguín

La senadora Paola Holguín presentó un memorial ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá para respaldar la acción de tutela interpuesta por el representante Christian Garcés, quien exige que sea público el proceso en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la campaña del presidente Gustavo Petro.

Garcés argumenta que la publicidad de la investigación es esencial para garantizar sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la senadora Holguín, la Constitución establece que los expedientes y deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusación deben ser abiertos al público cuando involucran al presidente o a quien ejerza sus funciones.

“Ante el juzgado 51 civil del circuito de Bogotá, acompañé la tutela del representante Cristian Garcés, donde solicita que se haga público el proceso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones”, declaró Holguín.

“Como denunciante y basada en el artículo 332 de la ley quinta y 426 de la ley 600, solicito que se haga público el expediente por ser de interés de la nación, porque así lo establece la ley en casos de procesos contra el presidente”, añadió la senadora.

Además, subrayó la gravedad de las acusaciones: “Aquí lo que está en juego es la legitimidad y legalidad de su elección, que está comprometida por financiación indebida, violación de topes, falsedad en documento público y fraude procesando”.

El proceso que adelanta la Comisión Legal de Investigación y Acusación está relacionado con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.

Se está investigando si se utilizaron fuentes prohibidas para costear la campaña y si se excedieron los límites establecidos por la ley electoral. Estas acusaciones han generado un fuerte debate político, ya que podrían poner en tela de juicio la legitimidad del gobierno.

Actualmente, la Comisión Legal de Investigación y Acusación está evaluando si la campaña presidencial de Gustavo Petro incurrió en el uso de fuentes de financiación prohibidas y si se excedieron los topes de gasto establecidos para las elecciones de 2022. Estas irregularidades, de ser comprobadas, podrían tener consecuencias legales y políticas para el mandatario.

La solicitud de Holguín busca que los detalles de esta investigación sean accesibles al público, argumentando que la transparencia es un principio fundamental en los procesos que involucran a altos funcionarios del Estado.

También ha solicitado a la Corte Constitucional suspender el decreto de conmoción interior

Holguín presentó el 4 de febrero una solicitud formal a la Corte Constitucional para suspender el decreto de conmoción interior que el Gobierno Nacional emitió para enfrentar la violencia en el Catatumbo.

La senadora del Centro Democrático argumentó que las medidas adoptadas no están justificadas y que la crisis de seguridad en la región es un fenómeno persistente que debería ser abordado con las capacidades institucionales ordinarias.

Según informó El Espectador, Holguín advirtió que varios de los decretos de desarrollo incluyen disposiciones previamente rechazadas por el Congreso, como la expropiación exprés y nuevos gravámenes sobre sectores clave.

La senadora sostiene que la violencia en el Catatumbo es un fenómeno recurrente, al que calificó como “violencia endémica”, y que, por lo tanto, no amerita la implementación de un estado de excepción como el decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La senadora sostuvo que estas medidas no están directamente relacionadas con la crisis del Catatumbo y podrían debilitar el equilibrio de poderes en el país.

Holguín argumentó que estas disposiciones no están directamente relacionadas con la crisis de seguridad en el Catatumbo y que su implementación podría debilitar el Estado de derecho.

En su escrito, afirmó que la crisis en la región debería ser atendida con las capacidades institucionales ordinarias, sin recurrir a medidas excepcionales que, en su opinión, podrían alterar el equilibrio de poderes en el país.