JEP podría ordenar el arresto del ministro de Hacienda por deuda del Gobierno Petro

El presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, lanzó una contundente advertencia al Gobierno nacional sobre las demoras en la entrega de los recursos prometidos para emitir las primeras sentencias.

Según afirmó, si no se cumple con la asignación de más de cien mil millones de pesos necesarios, el tribunal podría recurrir a herramientas judiciales, incluyendo órdenes de arresto contra funcionarios responsables.

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Entre estos, se encontraría el ministro de Hacienda, Diego Guevara. “Nosotros hemos decretado arrestos de autoridades que no nos cumplen”, subrayó Ramelli en declaraciones transmitidas por la Jep.

La JEP enfrenta una situación crítica debido a la falta de financiamiento tanto nacional como internacional. Alejandro Ramelli dijo a los medios que los fondos prometidos, incluyendo aquellos provenientes del Fondo Colombiano en Paz y de organismos internacionales como la Usaid, aún no han sido desembolsados.

“Lo primero es que los dineros que nos prometieron para el Fondo Colombiano en Paz no han llegado. Los dineros que nos dijeron de Usaid no han llegado”, señaló enfáticamente el magistrado, quien recalcó la necesidad de medidas urgentes para que los recursos lleguen a tiempo.

Ante esta situación, la JEP ha buscado alternativas como la colaboración con el sector privado y la cooperación internacional para solventar las necesidades. Ramelli aseguró que están trabajando con empresas privadas, entidades territoriales y países europeos que se han mostrado dispuestos a brindar ayuda económica.

No obstante, el magistrado insistió en que “lo ideal es que tengamos los recursos” para que el tribunal pueda cumplir con la misión de emitir sentencias clave que fortalezcan los procesos de paz en el país. El medio original informó que Ramelli advirtió que, incluso sin la llegada de los fondos, las sentencias se emitirán. “Con recursos o sin recursos las sentencias van a llegar”, afirmó.

Sin embargo, Ramelli dejó claro que el tribunal tiene facultades para ordenar procesos coercitivos en caso de incumplimientos persistentes.

“Nosotros somos jueces, podemos imponer o podemos dictar múltiples órdenes, podemos vincular entidades, pedirles informes, citarlos a audiencias. Hemos decretado arrestos”, destacó el magistrado.

Algunas de estas medidas correctivas ya se han aplicado con éxito en casos previos de medidas cautelares. En este contexto, el presidente de la JEP señaló que el arresto de funcionarios sería una medida posible si la situación no mejora.

Cuando se le consultó específicamente sobre el posible arresto del ministro de Hacienda, Diego Guevara, Ramelli indicó que se evaluaría la responsabilidad de los involucrados. “Pues hay que mirar quién, me parece que será el ministro de Hacienda, pero efectivamente nosotros hemos venido haciendo pues las labores diplomáticas. Pero pues también eso tiene un límite, ¿no?”, expresó el magistrado ante la falta de avances concretos en los desembolsos prometidos.

El contexto de estas advertencias también remite a compromisos asumidos por el propio presidente Gustavo Petro para garantizar el funcionamiento de la JEP y la emisión de sentencias en línea con los acuerdos de paz. Sin embargo, a la fecha, los retrasos en los desembolsos han aumentado las tensiones entre las instituciones involucradas. Según el medio original, Ramelli destacó la importancia de que “esa voluntad política se manifieste concretamente”, además de recalcar que es prioritario contar con los recursos asignados.

La cooperación internacional, aunque bienvenida, no sustituye las obligaciones estatales. Ramelli mencionó que es clave contar con estos financiamientos como parte del apoyo sistemático a la justicia transicional. El potencial impacto de estas sentencias no solo incluye la resolución de casos históricos, sino también el fortalecimiento del sistema judicial frente a crímenes del conflicto armado.

Dada la gravedad de la situación, esta declaración marca un punto álgido en las relaciones entre la JEP y las instituciones gubernamentales encargadas de garantizar su funcionamiento adecuado