
El 27 de diciembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió un diagnóstico integral sobre el fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —fue una entidad pública responsable de llevar a cabo las funciones de inteligencia y contrainteligencia en Colombia—, un paso clave en la implementación de medidas cautelares dirigidas a la preservación de la memoria histórica y el acceso a información crítica para las víctimas del conflicto armado en el país.
Esta acción se enmarca en los esfuerzos de la JEP por garantizar que la documentación histórica, particularmente aquella relacionada con inteligencia y contrainteligencia, sea preservada y puesta a disposición de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos.
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El diagnóstico, presentado por Francisco Flórez Bolívar, director del Archivo General de la Nación (AGN), al magistrado Óscar Parra Vera, líder de la Sala de Reconocimiento de Verdad, incluyó un análisis detallado del estado de conservación de los archivos del DAS.
Este informe cubre una vasta cantidad de documentos tanto en formato físico como digital, y contiene 32 recomendaciones que buscan garantizar la preservación y acceso de la documentación en el futuro. Entre los documentos que abarca el fondo se encuentran 57.544 unidades de conservación, que incluyen 14.364 metros lineales de archivos y 47.829 medios magnéticos y digitales como disquetes, casetes, servidores y computadoras, distribuidos en dos depósitos ubicados en Bogotá y Funza (Cundinamarca).
Una de las principales preocupaciones subrayadas por el diagnóstico es la necesidad urgente de organizar los archivos de manera integral, con especial énfasis en su digitalización. Para ello, se recomienda la implementación de tecnologías como el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y el Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR), que no solo facilitarían el acceso a la información, sino que contribuirían a la preservación de estos archivos históricos.

El diagnóstico también destaca el compromiso de la JEP con los derechos de las víctimas, que tienen derecho a acceder a la información que les concierne, particularmente aquella relacionada con la persecución, vigilancia y otros actos de inteligencia contra personas y grupos durante el conflicto armado.
A través del análisis, se destaca la necesidad de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que las víctimas puedan acceder, corregir, actualizar o eliminar los datos erróneos o desactualizados que los archivos de inteligencia puedan contener.
El magistrado Óscar Parra Vera, encargado del seguimiento a las medidas cautelares sobre los archivos del DAS, expresó la relevancia de este diagnóstico para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. “Este es un paso crucial para permitir el acceso a estos archivos, lo cual es clave para luchar contra la impunidad”, afirmó Parra, al destacar el impacto de la desclasificación de la información en la búsqueda de la verdad.
“Teniendo en cuenta tal participación, se hará traslado del diagnóstico integral y sus anexos entregados por el AGN a las partes que han intervenido (...) para que en el plazo de treinta (30) días calendario puedan presentar las observaciones y recomendaciones que estiman pertinentes sobre este diagnóstico”, señaló la JEP en sus documentos.
Avances en la reparación y en el cumplimiento de fallos internacionales
Desde la presidencia de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli resaltó que el manejo adecuado de los archivos del DAS representa un avance significativo en el cumplimiento de los fallos de la Corte IDH, especialmente aquellos relacionados con la reparación integral de las víctimas. Ramelli destacó la importancia de garantizar que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a información relevante para su reparación, al tiempo que enfatizó que la preservación de la memoria histórica es esencial para la no repetición de los crímenes cometidos durante el conflicto.

El ministro de Cultura, Juan David Correa, también participó en la presentación del diagnóstico, reiterando el compromiso del Gobierno colombiano con la desclasificación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia. Según el alto funcionario, la preservación de estos documentos es un aporte fundamental a la verdad, la reparación y la no repetición, principios clave en el proceso de justicia transicional que vive el país.
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