El presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa, expresó su preocupación ante las implicaciones que tendría el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2025, el cual, incluyendo el auxilio de transporte, quedó en $1.623.500.
En entrevista con El Tiempo, Correa destacó que esta decisión excede los presupuestos de los pequeños y medianos empresarios y anticipó efectos adversos en la estabilidad financiera del sector.
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Según Correa, el impacto directo del aumento se traduce en un costo mensual promedio de 2,4 millones de pesos por trabajador, razón por la cual explicó que para una microempresa con entre cuatro y diez empleados, esto equivale a asumir el costo de un trabajador adicional sin que ello mejore su productividad.
“Debido a esta situación, las empresas tendrán dos opciones: reducir su planta de personal o aumentar los precios de sus productos y servicios”, afirmó a El Tiempo, alertando sobre un “efecto boomerang” que neutraliza los beneficios para los trabajadores mediante el incremento en los costos de vida.
El dirigente gremial señaló también que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) constituyen el 99,5 % del tejido empresarial del país y que, en su mayoría, se concentran en los sectores del comercio y los servicios. No obstante, explicó al citado medio que este grupo es el más afectado por decisiones como el aumento del salario mínimo.
“En el 2023, cerraron 184.000 empresas, y en el 2024 estimamos que la cifra oscilará entre 150.000 y 200.000 cierres. Para el 2025, esta dinámica se agravará con este tipo de medidas, aumentando también la informalidad laboral”, explicó.
Rodolfo Correa aseguró que Acopi fue la única organización empresarial que presentó una propuesta durante la negociación del salario mínimo. Inicialmente, plantearon un aumento del 5,2 %, que posteriormente subieron al 7,5 %, llegando incluso a respaldar un 8 %.
“Creemos que en una negociación es importante que el país conozca las posiciones extremas para consolidar un punto racional”, dijo Correa. Sin embargo, calificó el contexto como especialmente complejo debido a los intereses electorales que rodean las decisiones para el 2025.
El presidente de Acopi también criticó los costos adicionales que enfrentan las mipymes por cambios recientes en la legislación laboral, como la anticipación del horario nocturno a las 7 de la noche y las modificaciones en los contratos de aprendizaje. Según sus cálculos, un 65 % del ingreso bruto de una microempresa se destina al pago de cargas estatales, lo que “inviabiliza la economía”.
A pesar de su desconcierto con las cifras oficiales del aumento, Correa aseguró que respetan las instituciones y no intentaron contradecir los planteamientos técnicos por falta de elementos objetivos.
Correa advirtió sobre los efectos estructurales del aumento del salario mínimo en la formalización empresarial. “Entre más se encarezcan los costos, menos formalidad habrá. El alza solo beneficiará directamente a 3,7 millones de trabajadores, mientras que hay otros 10 millones que ganan menos. Entre más alto sea el mínimo, más difícil será para los empleadores informales cumplir con los estándares de un trabajo decente”, enfatizó en su entrevista a El Tiempo.
Para enfrentar estos desafíos, el presidente de Acopi propuso una serie de políticas públicas orientadas a fortalecer a las mipymes. Entre las medidas destacó la necesidad de garantizar el acceso al crédito mediante la reducción de tasas de interés y la flexibilización de los requisitos, así como impulsar un plan de transformación tecnológica y digital.
También abogó por una reforma tributaria que establezca tarifas diferenciales de impuesto a la renta para las pequeñas empresas y por una política seria de reindustrialización que fomente la generación de empresas locales.
En sus declaraciones, Correa subrayó que “sin empresa no hay trabajo” y cuestionó las cargas estatales que dificultan la sostenibilidad de los negocios en el país. Finalmente, instó al gobierno a priorizar la generación de talento nacional como parte de una estrategia integral para promover el desarrollo económico y social.
“Estamos en una situación crítica que requiere decisiones estructurales para garantizar la supervivencia de las mipymes y, con ello, la estabilidad laboral de millones de colombianos”, puntualizó Rodolfo Correa a El Tiempo.
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