Víctimas de La Escombrera exigen detener explotación y declarar el terreno como sitio de memoria histórica

Los recientes hallazgos de restos óseos en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, han reavivado las demandas de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con información recopilada por la emisora colombiana Blu Radio.

Este sitio, considerado uno de los mayores cementerios clandestinos del país, ha sido objeto de años de denuncias y solicitudes para garantizar verdad y justicia.

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Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, recordó que desde 2019, durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas solicitaron que se suspendiera la licencia de explotación otorgada a la empresa El Cóndor.

Por su parte, Luz Elena Galeano, representante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, señaló que resulta profundamente doloroso para las familias que, mientras buscan a sus seres queridos desaparecidos, continúen las actividades de extracción en el lugar.

“Exigimos que cesen estas operaciones. Es revictimizante escuchar las volquetas subir y bajar mientras tratamos de encontrar a nuestros familiares desaparecidos”, afirmó.

Los colectivos también han insistido en que se investigue a la empresa operadora, Construcciones El Cóndor S.A. Margarita Restrepo, otra vocera de las víctimas, aseguró que han solicitado esta medida durante años sin obtener avances. “Hemos tocado muchas puertas, pero no se ha logrado que se investigue a fondo. Es algo que debe hacerse de manera prioritaria”, comentó.

La Escombrera, que fue utilizada como cantera por años, también funcionó como depósito de desechos de construcción. Sin embargo, las víctimas han denunciado que, tras la Operación Orión en 2002, los cuerpos de muchos desaparecidos habrían sido enterrados clandestinamente en este lugar. Este hecho ha hecho que el sitio sea considerado clave para esclarecer los crímenes ocurridos en la Comuna 13 durante la época más violenta del conflicto armado.

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Entre las peticiones más urgentes, las víctimas solicitan que el terreno sea declarado como un espacio de memoria histórica. Para ellas, el derecho a la verdad y la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés económico o de propiedad privada. Además, exigen que se amplíe la zona de búsqueda, pues consideran que las investigaciones actuales no abarcan todo el polígono donde podrían encontrarse más restos.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para que prioricen estos casos como crímenes de lesa humanidad y garanticen los recursos necesarios para continuar con las investigaciones. “La dignidad de nuestras familias debe ser reconocida. Este lugar representa el sufrimiento de cientos de personas y no puede seguir siendo explotado mientras buscamos respuestas”, concluyó Galeano.