La suspensión del programa Mi Casa Ya, anunciada en las últimas jornadas por el Ministerio de Vivienda, generó inquietud en sectores de opinión, en el medio político y en el medio productivo.
De hecho, en el sector constructor debido a su posible impacto en el empleo y la demanda de vivienda, estaría generando una sensación de incertidumbre y afán.
Según estimaciones de las empresas, consideradas en un artículo del diario especializado La República, la medida podría significar la pérdida de entre 80.000 y 85.000 puestos de trabajo.
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La decisión se tomó luego de que Fonvivienda informara que, desde el 16 de diciembre, se agotaron los cupos para las coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios.
Sin embargo, la explicación del Gobierno fue que la suspensión responde a un contexto macroeconómico más favorable, marcado por la disminución de tasas de interés y la inflación proyectada por el Banco de la República.
Estas condiciones, señalaron, permiten replantear la política de vivienda ante las restricciones presupuestales actuales, como se leyó en el medio económico.
Impacto en la demanda y el mercado laboral
No obstante, los grupos constructores sí temen represalias. Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Empresarial Oikos, advirtió en diálogo con el portal informativo que la suspensión provocará eventualmente una disminución en la demanda de vivienda entre el 30% y el 35%.
Según datos de Camacol, en 2024 se vendieron 15.473 viviendas de interés prioritario (VIP) y 77.518 viviendas de interés social (VIS), que, con el subsidio, representaron el 69% del total de ventas del año.
Por su parte, Rafael Marín, presidente de la constructora Marval, expresó al medio que hay preocupación por el impacto en las familias que contaban con este subsidio para completar la cuota inicial.
“Muy preocupados por miles de familias que han ahorrado con la promesa de aspirar a un subsidio de acuerdo con la promesa del gobierno, que es la única forma de conseguir completar la cuota inicial, muy extrañados por no haber establecido un periodo de transición, las familias quedan a la espera de soluciones”, afirmó.
El sector prevé que cerca de 7.000 familias perderán la posibilidad de acceder a este subsidio en 2024, y entre 30.000 y 35.000 más se verán afectadas en 2025, según cifras compartidas por Díaz. Además, enfatizó el efecto en el empleo: “Va a impactar por lo menos entre unos 80.000 a 85.000 empleos en el sector”.
A pesar de las dificultades, los empresarios mantienen cierto optimismo respecto a 2025, atribuido a la reducción de tasas de interés y la inflación. “Definitivamente estamos en un sendero en términos de tasas que viene siendo muy viable para la adquisición de vivienda”, concluyó Díaz.
Hay otros subsidios que pueden amortiguar el golpe
El programa Mi Casa Ya, gestionado por el Ministerio de Vivienda, proporcionaba un apoyo económico que oscilaba entre 20 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v), lo que equivalía a montos de entre 26 millones y 39 millones de pesos colombianos.
Este subsidio estaba destinado a cubrir la cuota inicial de una vivienda nueva, para hacer más fácil el acceso a la propiedad para familias de ingresos bajos y medios.
A pesar de esta medida, las cajas de compensación familiar, como Colsubsidio, Cafam y Compensar, entre otras de las 43 entidades habilitadas en el país, continúan ofreciendo subsidios para la compra de vivienda.
Estos beneficios están disponibles para los afiliados y varían según el nivel de ingresos del hogar. Por ejemplo, quienes perciban ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales podrían acceder al monto máximo de 39 millones de pesos. En contraste, aquellos con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos podrían recibir un subsidio menor, aunque aún significativo.
Además de las cajas de compensación, algunas alcaldías distritales también han implementado programas de subsidios para vivienda, con el objetivo de mitigar el impacto de la suspensión de Mi Casa Ya.
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