En un fallo reciente, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al Gobierno nacional realizar un “diagnóstico integral” sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial en las cárceles del país. Este diagnóstico busca evaluar las condiciones actuales y diseñar una política pública que garantice el acceso a servicios de salud mental que cumplan con estándares tanto constitucionales como internacionales.
La decisión de la corte, presentada por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, responde a lo que describen como una “vulneración estructural” de los derechos fundamentales de estos reclusos. Según el tribunal, la falta de una respuesta institucional adecuada ha impedido el acceso digno y continuo a servicios de salud mental, en contravención de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
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El diagnóstico deberá incluir varios aspectos clave: la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el número de reclusos con diagnósticos de salud mental, la disponibilidad de recursos humanos especializados, infraestructura y equipamiento, así como el presupuesto destinado a la atención en salud mental. Además, se deberá identificar las condiciones de reclusión y atención, y formular recomendaciones para mejorar el acceso a estos servicios.
Para llevar a cabo este diagnóstico, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para convocar un comité interdisciplinario. Este comité incluirá a entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario de Colombia, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, la academia, y organizaciones de personas en situación de discapacidad. El objetivo es asegurar un enfoque participativo y de derechos humanos en el proceso.
“Este comité interdisciplinario deberá brindar apoyo técnico al Gobierno nacional para garantizar la calidad, imparcialidad y un enfoque participativo y de derechos humanos en el diagnóstico. El diagnóstico deberá realizarse en un término de seis meses contados a partir de la creación del comité interdisciplinario”, agregaron desde la corte.
La corte estipuló que el diagnóstico debe completarse en un plazo de seis meses desde la creación del comité. Una vez finalizado, los resultados deberán ser publicados y estarán disponibles al público durante al menos dos meses. El Gobierno, a través de varios ministerios, deberá garantizar una amplia difusión de estos resultados y abrir espacios para la retroalimentación de la sociedad civil.
“El Gobierno nacional, a través de la ministra de Justicia y del Derecho, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación, deberá publicitar ampliamente los resultados de este diagnóstico y sus recomendaciones, una vez sea desarrollado. El diagnóstico deberá quedar publicado y disponible al público general por un periodo mínimo de dos (2) meses y las entidades referidas deberán abrir espacios de retroalimentación por parte de la sociedad civil”, concluyó la Corte Constitucional de Colombia.
Esta medida busca no solo mejorar las condiciones actuales, sino también establecer un marco para el desarrollo de políticas públicas que aseguren el respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en el sistema penitenciario colombiano.
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