El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, contra la resolución emitida por el presidente Gustavo Petro, que designa a 18 ex jefes paramilitares como gestores de paz.
Esta decisión forma parte de la iniciativa de Paz Total promovida por el Gobierno nacional, asegurando que busca facilitar el diálogo con grupos armados; sin embargo, enfrenta cuestionamientos por considerar que podría vulnerar los derechos de las víctimas, generando así, una fuerte controversia entre diversos sectores políticos y sociales.
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Para el alto tribunal, la demanda cumple con los requisitos establecidos por los artículos 161 a 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Según la providencia. Así las cosas, en su resolución, el Consejo de Estado declaró: “ADMITIR la demanda promovida por la señora Luvi Katherine Miranda Peña, en contra del artículo 1 de la Resolución nro. 453 del 8 de noviembre de 2024, por la cual se designan gestores de paz a unos exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC y se dictan otras disposiciones’, proferida por el Presidente de la República”.
El alto tribunal también dispuso la notificación a todas las partes involucradas, incluidos los ex jefes paramilitares designados y al presidente Gustavo Petro. Según el alto tribunal, el Gobierno deberá informar las direcciones físicas y digitales para las respectivas notificaciones en un plazo de cinco días.
El auto también subraya que el caso reviste un interés público significativo, por lo que se ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuestionamientos legales y éticos
La resolución, en disputa, beneficia a exlíderes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, Ramón María Isaza Arango y Rodrigo Tovar Pupo, que han sido vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Katherine Miranda argumenta que: “Este acto administrativo no solo pone en riesgo la memoria de las víctimas, sino que también abre un precedente preocupante sobre el tratamiento jurídico de quienes han cometido crímenes atroces”.
Y explicó que, “en todas las situaciones en que entren en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá dárseles prelación a aquellos. Lo cual resulta pertinente si se tiene en cuenta que en la resolución citada se está designando a personas que han cometido delitos graves contra niños y niñas, no solo delitos de lesa humanidad, sino además delitos sexuales en los cuales han sido reincidentes”.
El trámite de la demanda será seguido de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores políticos que cuestionan la implementación de la política de Paz Total del Gobierno actual, en una etapa en que no solo se evaluará la legalidad de la resolución, sino también la legitimidad de la estrategia del Ejecutivo para abordar el posconflicto en Colombia.
Exjefes de las AUC aceptaron ser gestores de paz y piden nueva mesa de negociación
El jueves 28 de noviembre, los antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) anunciaron su aceptación formal para ser gestores de paz, tal como lo establece la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024. En un comunicado enviado al presidente Gustavo Petro, los ex jefes paramilitares expresaron su respaldo a la política de Paz Total y destacaron la importancia histórica del proceso.
“En nuestra calidad de excomandantes y miembros de la Mesa de Paz de las AUC, representando 31.671 hombres desmovilizados (...) queremos expresar nuestra aceptación al nombramiento en calidad de Gestores de Paz”, señala el documento.
Los líderes resaltaron que este es el primer pacto alcanzado sin recurrir a las armas y reconocieron el trabajo del Gobierno Petro por finalizar un proceso inconcluso desde el mandato de Álvaro Uribe Vélez. “Nos sumamos a la agenda de paz que usted lidera, Sr. presidente (...) interpretando la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de transitar a una Colombia próspera y en paz”, añadieron.
Los firmantes también pidieron instaurar de inmediato una décima mesa de negociación y enviaron un mensaje de tranquilidad a las víctimas: “Ninguno de estos esfuerzos va en detrimento de los derechos de nadie (...) es un paso compartido para profundizar en la restitución de los derechos de las víctimas y de los reincorporados”.
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