A extinción de dominio bienes de exfuncionaria vinculada a una presunta red de corrupción en la Secretaría de Movilidad de Cali

La Fiscalía General de la Nación anunció la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro sobre un apartamento y un parqueadero que estarían a nombre de Sandra Liliana Castañeda Reyes, señalada de integrar una red dedicada a realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali, Valle del Cauca. Según las autoridades, los bienes en cuestión tendrían un valor superior a los 300 millones de pesos.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio determinó que los inmuebles habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas ejecutadas por Castañeda Reyes. La investigación señala que la mujer utilizaba un establecimiento comercial para llevar a cabo maniobras irregulares ante los organismos de tránsito, con el fin de evitar el cobro de multas.

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Como parte de las pesquisas, se reveló que Castañeda Reyes y otras personas, incluyendo a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali, fueron judicializadas por su presunta participación en estos actos fraudulentos.

Según la Fiscalía, los funcionarios implicados habrían emitido resoluciones revocatorias sin fundamento legal alguno, beneficiando a 336 ciudadanos y dejando sin efecto 516 comparendos. Las resoluciones, que evitaron el cobro de las multas, fueron presuntamente expedidas a cambio de dinero.

El CTI de la Fiscalía se encargó de ocupar los bienes inmuebles, que ahora pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en cumplimiento de los procedimientos de extinción de dominio. Estos activos permanecerán bajo la custodia de la SAE mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

Este caso destaca la acción de la Fiscalía para combatir redes de corrupción que afectan la gestión de tránsito en la región y busca recuperar activos generados mediante actividades ilícitas. La investigación sigue en curso, y las autoridades no descartan nuevas acciones para desarticular por completo la estructura criminal y sancionar a los involucrados.

Funcionarios a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que recopiló elementos de prueba y evidencia física que dejan en evidencia la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares de la Secretaría de Movilidad de Cali, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en la capital del Valle del Cauca.

Los presuntos involucrados son cinco servidores de la entidad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio.

El ente judicial precisó que estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022.

“En algunos casos los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

Por tal motivo, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los implicados en diligencias realizadas en Cali. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.

La Fiscalía General de la Nación precisó que los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este escándalo por corrupción se dio a conocer el viernes 14 de junio de 2024, luego de que la Alcaldía de Cali admitiera en una de las secretarías se estaban registrando presuntas irregularidades.

Las alarmas se encendieron cuando el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), encargado del registro distrital de infractores, reportó un incremento del 150% en las exoneraciones de multas de tránsito entre enero y mayo de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior.